En el Senado nacional
Aluvión de pliegos judiciales
De la redacción de El Litoral
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner alteró significativamente el ritmo de envío de pliegos al Senado para la cobertura de cargos de jueces, fiscales y defensores públicos de la Justicia federal en todo el país, con un aluvión de 60 candidaturas.
Más allá de que la medida coincide con las vísperas de una elección legislativa en la que el kirchnerismo podría perder su mayoría en el Congreso, la nómina de postulantes incluye ascensos para jueces que están denunciados ante el Consejo de la Magistratura y candidatos que estaban muy por debajo de otros en las ternas.
En diálogo con El Litoral, el ex presidente del Consejo de la Magistratura -y actual integrante del mismo- Mariano Candioti, recordó que la jefa de Estado envió un número importante de pliegos al inicio de su mandato, pero luego el ritmo fue mucho menor. Al respecto, consideró deseable que ésto sea así, pero también que no se acumulen vacantes. “Ojalá pudiéramos evitar este tipo de episodios, a los que yo -respetuosamente- llamaría espasmódicos. La cobertura de vacantes debería ser algo habitual, pero a medida que se producen; no esperar a una ola de designaciones”, sostuvo.
Y es que, precisamente, se trata de la tanda más grande de jueces remitida por el Poder Ejecutivo al Senado desde que Cristina ocupa la Casa Rosada. Y la composición de esa tanda no es precisamente una que aviente suspicacias. “Lo que se observa es nuevamente la elección de candidatos que no tenían los mejores méritos o que en su momento habían fallado a favor del gobierno”, dijo a Crítica de la Argentina la diputada de la Coalición Cívica y ex miembro del Consejo de la Magistratura Marcela Rodríguez. “Muchos de ellos son postulantes que serían muy difíciles de sostener públicamente con una composición diferente de las dos cámaras”.
Entre los sesenta nombres que envió Cristina al Senado, están los candidatos para el fuero Contencioso Administrativo Federal, donde analizan la legalidad de decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, un tema muy sensible para el gobierno.
De todos modos, queda claro que la selección de los candidatos, más allá de la evaluación y la propuesta del Consejo de la Magistratura, es prerrogativa presidencial. “Nuestro trabajo culmina con la discrecionalidad del Ejecutivo. Las conclusiones que cada uno pueda sacar sobre las razones por las que elige uno u otro candidato son personales, o estamentales. El proceso de evaluación que hacemos garantiza un piso de calidad, al que se arriba por consenso entre los sectores que integran el Consejo. Pero una vez que la terna es elevada, el Ejecutivo no está obligado a seguir ese orden”, dijo Candioti.
Al respecto, admitió que una designación “masiva”, como en este caso, “obviamente permite establecer un sesgo sobre el perfil de jueces que busca el Poder Ejecutivo”.
