Avanzan los proyectos de reforma penal
Temas de Justicia en Diputados
Lamberto anunció el acuerdo del oficialismo en tres de los cinco mensajes necesarios para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Ahora, deberán buscar acuerdos con el justicialismo. Los asuntos solicitados por la Corte están a estudio en la Cámara Baja.
Mario Cáffaro
Los diputados del Frente Progresista avanzaron internamente en la discusión de tres de los cinco mensajes del Poder Ejecutivo para poner en marcha el nuevo sistema penal de la provincia y hoy entregarán a los distintos bloques del justicialismo los predictámenes con vistas a conocer sugerencias. La Cámara acordó tratamiento preferencial para los cinco proyectos en la sesión siguiente a la de mañana. “No vamos a poner palos en la rueda en estos temas. Estamos dispuestos a colaborar”, dijo semanas atrás el opositor Mario Lacava.
Raúl Lamberto, jefe de la bancada, confirmó los acuerdos sobre la futura ley de la Fiscalía, de la Defensa y la reforma a la ley Orgánica del Poder Judicial. “No hay cambios sustanciales con el espíritu del mensaje del Ejecutivo”, aclaró el socialista. Sobre los dos restantes proyectos, el propósito es avanzar en las próximas horas con las futuras leyes de transición y de testigos y víctimas.
“La entrada en vigencia total del nuevo Código tiene fechas fijas y las vamos a respetar”, dijo Lamberto. “Hemos escuchado las observaciones que hicieron sectores internos y entidades a los mensajes del Ejecutivo” añadió.
Para llegar al recinto, los proyectos deberán obtener los dictámenes de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda. La preferencia por dos sesiones fue votada en la última reunión del cuerpo. En Parlamentaria, el justicialismo anticipó que iba a pedir tratamiento en cuatro sesiones y el oficialismo bajó a dos. Ahora falta saber si llegan a cumplir con ese plazo.
La reforma a la ley Orgánica establece una Justicia Penal separada del resto de los fueros. El fuero penal se organizará por colegios y no por el sistema de juzgados-feudos (en otras palabras, los magistrados no tendrán un juzgado asignado, sino que se les asignarán audiencias). La actividad de los jueces estará diferenciada de la gestión administrativa. Se prevé que los magistrados tendrán obligación de rendir cuentas a la sociedad. Como todo organismo del Estado, una vez al año explicarán y darán cuenta de la actividad que han llevado a cabo en ese período cuantitativa y cualitativamente. El objetivo de esta medida es tanto la transparencia del sistema como la posibilidad de que el trabajo de los jueces sea conocido por los ciudadanos.
La ley de Defensa procura un sistema de defensa oficial fuerte, con un despliegue territorial adecuado para que cada imputado tenga su defensor y un sistema de controles con auditorías tanto de los aspectos cualitativos como de los cuantitativos. Prevé un seguimiento completo, desde que la persona es imputada hasta que se ejecuta la pena. Además de este sistema de defensa público y gratuito y del privado tradicional, donde el cliente contrata a su abogado en forma particular, existirá un tercero con tarifa social, a través de convenios con los Colegios de Abogados.
La ley de Fiscalía, por el cual el Ministerio Público de la acusación tendrá a su cargo la persecución penal en la provincia e incluirá instancias de participación ciudadana. Se plantea como un órgano autónomo, con tres estamentos. Uno de carácter político, otro técnico y otro de apoyo. El fiscal general, rol diferente del Procurador General de la Corte, no recibirá instrucciones de nadie y tendrá periodicidad en el cargo, al igual que los fiscales regionales.
