MAR DEL PLATA

Juzgan a dos militares acusados de la desaparición de un amigo de Kirchner

DyN

Un tribunal comenzó a sustanciar en Mar del Plata el juicio oral y público al general retirado Pedro Pablo Mansilla y al coronel Alejandro Guillermo Duret por el crimen de Carlos Labolita, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y amigo del ex presidente Néstor Kirchner, secuestrado en Las Flores el 25 de abril de 1976.

Luego de casi seis horas de la lectura de la acusación, la defensa de los imputados pidió la “nulidad de todo lo actuado”, mientras la querella solicitó que se revoque el arresto domiciliario de Mansilla.

En el juicio -a cargo de los jueces Carlos Rozanski, Daniel Esmoris y Nelson Jarazo-, los dos militares están imputados de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas, en concurso real con tormentos, agravados por ser cometidos respecto de un perseguido político, en concurso real con homicidio.

Ambos fueron detenidos el 10 de diciembre de 2005. Mansilla siguió sin mostrar gesto alguno durante la lectura de los pedidos de la querella, mientras que Duret se mostró sonriente varias veces.

El frente del Tribunal Oral Federal se encontraba vallado, un panorama poco habitual para la ciudad. Como el recinto es chico y hay poca distancia entre acusados y querellantes, se decidió además que la presencia policial fuera más importante que lo habitual: el objetivo es que no haya conflictos entre las partes.

Empero, ayer se escucharon gritos de familiares de Labolita cuando hicieron su aparición los militares. Cuando Labolita fue secuestrado, Mansilla era teniente coronel y tenía a cargo la Unidad Blindada de Azul, donde habría sido alojada la víctima, mientras el entonces teniente primero Duret era jefe de inteligencia de esa jurisdicción militar. Mansilla, de 77 años, cumple arresto domiciliario, mientras Duret, de 56, está detenido en la Unidad Penal 34.

El juicio prevé dos audiencias semanales y se extenderá hasta mediados de julio, con el comparendo de más de 35 testigos. La querella está a cargo del abogado César Sivo, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos Eduardo Rezses y el fiscal federal general Daniel Adler.