Las TOE en Reconquista
Peritan computadoras del Concejo Municipal
Agencia Reconquista
Efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales iniciaron peritajes en las computadoras del Concejo Municipal de Reconquista donde llegaron algunos de los correos intimidatorios que estaban dirigidos a denunciantes, querellantes, abogados y miembros de la Justicia Federal que participan de causas por delitos de lesa humanidad que se tramitan en esa ciudad.
Francisco Gutiérrez, secretario del cuerpo legislativo explicó al sitio www.reconquista.com.ar que el fiscal federal de esta ciudad les pidió “esa instancia a manera de colaboración para buscar huellas del delito, ya que en la última sesión, los concejales se ocuparon de condenar la cadena de e-mails extorsionadores y amenazantes en circulación, bajo la firma de La Hermandad”. Gutiérrez aclaró a este portal de noticias que desde su oficina “no se redistribuyeron esos e-mails, salvo a los concejales para que tomen conocimiento”.
“Si algo les pasa a los policías detenidos o al hermano de la FAA, ustedes serán ejecutados”, le advierten al juez y al fiscal federal que intervienen en la investigación de delitos de lesa humanidad durante la década del ‘70. “Esto es sumamente grave”, señaló el Dr. Roberto Salum, titular del Ministerio Público y uno de los apuntados.
Los integrantes de la Comisión Permanente por la Memoria y la Justicia manifestaron la semana pasada su preocupación y repudio por el recrudecimiento de amenazas contra los impulsores y funcionarios judiciales que trabajan en las causas por los derechos humanos que se tramitan en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Reconquista.
Desde este espacio de articulación entre representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y organizaciones sindicales, culturales, organismos de derechos humanos, constituida en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista, se precisó que en esta última ciudad y a través de e-mails anónimos, una organización autodenominada “La Hermandad” lanzó amenazas de muerte por “esta guerra que están empeñados en continuar”, según dicen.
Luego de advertir que las mencionadas “coacciones que pretenden una concesión por parte de los poderes públicos, están penadas con prisión o reclusión de cinco a diez años (Art. 149 del Código Penal) y no son excarcelables”, solicitan a la Justicia Federal de Reconquista que “prontamente desbarate esta acción delictiva” y a través de los peritos informáticos que le aportará el gobierno provincial se detecte la dirección IP y la computadora desde donde se difundió el e-mail para llegar a sus autores materiales e intelectuales.
Asimismo, reclaman que como una forma de preservar la integridad de las víctimas de esta acción se disponga el inmediato traslado de los seis policías detenidos en la causa desde la comisaría de Avellaneda a la cárcel de Las Flores, en Santa Fe, y se reitere con carácter de urgente las órdenes de captura respecto de los prófugos de la megacausa por los crímenes cometidos durante la dictadura en el norte santafesino.
