Hay $ 150 millones a cobrar, de unas 150 firmas embargadas
Embargo: Cargill y Petrobras “no mostraron voluntad de pago”
A la petrolera brasileña se le reclaman $ 8,5 millones de distintos impuestos. A la líder en la comercialización de alimentos, $ 575.000, por mejoras no declaradas en el Impuesto Inmobiliario.
De la redacción de El Litoral
“La búsqueda de transparencia y de equidad tributaria: éste es el eje del cambio que se está produciendo en Santa Fe luego de 16 años de resignación de recursos por parte de los gobiernos neoliberales y sus pactos fiscales”. Así explicó la subsecretaría de Ingresos Públicos, Teresa Beren, las directivas que se siguen respecto de los mecanismos que aplica el Estado santafesino para “asegurarse la percepción de los tributos impositivos”.
Tal como ayer informó El Litoral, el gobierno provincial decidió trabar embargo sobre las cuentas corrientes de las empresas Cargill y Petrobras, a fin de poder cobrar las deudas impositivas que estas compañías mantienen con el Estado santafesino.
La primera de las empresas mencionadas adeuda $575.000 y la segunda $ 8,5 millones por distintos gravámenes provinciales.
Beren advirtió en un comunicado de prensa que las dos empresas se encuentran entre las 10 más importantes en cada uno de sus rubros, y que su facturación sumada para el ejercicio 2008 duplica el presupuesto provincial para este año, superando los $32.000 millones.
La funcionaria dijo que la medida adoptada es idéntica a la que se ha tomado con otros contribuyentes, y que ya se debieron trabar embargos a 150 empresas. También explicó que mediante este último y extremo recurso se esperan recuperar $ 150 millones del Estado.
Explicó que los embargos tienen como marco “el operativo sobre los puertos de Santa Fe: hemos verificado que hay deudas, ciertas, probadas, que no han sido cumplimentadas en tiempo y forma. Y por eso se ha procedido a hacer lo que se debe hacer: embargar para poder cobrar el dinero adeudado por el impuesto inmobiliario. Ya se los había intimado y requerido el cumplimiento. El embargo se traba sobre las cuentas corrientes”, explicó.
Se aplica el Código Fiscal
—¿No hubo ninguna manifestación de voluntad de pago por parte de Cargill y Petrobras?
—No. Ninguna. Las empresas no respondieron a las intimaciones.
—¿Si hubieran respondido, les habría caído igual el embargo?
—No.
—Lo que ha ocurrido con estas empresas tan importantes ¿es idéntico a lo le pasó a otras?
—Sí, lo mismo. Y en todos los casos no son pequeñas empresas. Y además, han tenido deudas importantes por años con la provincia de Santa Fe. Nosotros al día de hoy, para tener una idea de magnitud, sobre medio millón de contribuyentes (excluyendo a los del impuesto inmobiliario que son más de un millón y medio), sólo tenemos 150 empresas con embargos... Y algunos de ellos ya no están más, porque fueron levantados. Aproximadamente, debe haber ahora unas 100 empresas con embargos.
Está claro que no vamos a embargar a Doña Rosa. No, no, ésa no es la política trazada: la idea es que cuando hay deudas importantes y cuando no se logra que se le pague al Estado, el Estado utilice las herramientas con que cuenta para asegurarse esos fondos.
Los embargos hoy suman 150 millones de pesos. Lo que ocurre con estas dos empresas es lo mismo que con otras, que tienen embargos en sus cuentas corrientes. Nunca nuestro objetivo es llegar a eso, sino lograr convenir el pago de lo adeudado a la provincia.
—Una decisión así ¿se toma igual que con otras empresas o se hacen más consultas...? ¿Ud. tuvo que consultar al ministro o al gobernador?
—No. Nosotros trabajamos dentro del marco de nuestra responsabilidad. Y en el marco de lo que dispone el Código Fiscal. Y en ese ámbito nos desenvolvemos, con un criterio en el que se tienen en cuenta los importes adeudados, el tipo de empresa de que se trata, la voluntad de pago si está o no puesta de manifiesto, y el tipo de irregularidad que uno va detectando... Esto no se hace sólo desde la Secretaría de Ingresos Públicos sino con el aval y con el acompañamiento de la Fiscalía de Estado. Los embargos cuentan con la orden del Poder Judicial. Esto no es una medida administrativa.
