La campaña electoral como síntoma político
Se supone que las campañas electorales son momentos políticos en que los candidatos expresan los contenidos de sus programas, proyectos y propuestas a la ciudadanía. Una campaña electoral en serio debería ser el momento de los debates, las polémicas agudas alrededor de temas de interés público. Nada de ello ocurre, lamentablemente. En la Argentina, y en particular durante las campañas, los dirigentes se dedican a injuriar a sus adversarios, a descalificarlos con los peores términos, a crear pruebas falsas contra sus competidores y a manipular las instituciones, incluida la judicialización de la política. Todo vale para desacreditar al rival.
Estos vicios no son nuevos, pero en los últimos tiempos se han agravado. En las anteriores elecciones alguien llegó a crearle una página bancaria falsa -con un sustancial depósito no declarado- a Enrique Olivera, candidato del ARI en Capital Federal. Luego de las elecciones, la maniobra quedó al descubierto, pero el daño estaba hecho. Hay buenos motivos para creer que lo que ocurre con De Narváez en estos días responde a similar mecánica.
En las últimas semanas las denuncias han arreciado y a esta altura de los acontecimientos puede decirse que la campaña electoral incluye a los tribunales. Como suele ocurrir en estos casos, las víctimas de estas operaciones son los dirigentes opositores. Lo que le sucedió a Solá no es diferente de lo que debió afrontar Claudia Rucci, hija del dirigente sindical asesinado por Montoneros. Ahora, quien es citado por un juez es Francisco de Narváez, principal competidor de Kirchner en la crucial provincia de Buenos Aires.
La imputación que existe contra De Narváez tiene más de dos años. No deja de llamar la atención que la citación judicial se oficialice dos semanas antes de las elecciones. No terminan allí las dudas y las suspicacias. El juez que tramita la causa, el doctor Faggionato Márquez, acumula tres docenas de pedidos de juicio político, motivo por el cual nos encontramos con una situación extraña: el querellante es más sospechoso que el querellado.
Está claro que las imputaciones a De Narváez adquieren gravitación por la proximidad de la campaña electoral. Alguien podrá decir que la Justicia es independiente y no tiene la obligación de atender los tiempos electorales. Esta observación sería entendible en una democracia seria, donde las instituciones funcionaran a pleno y los tiempos de la Justicia fueron menos extensos que los actuales. Pero nada de esto ocurre en la Argentina; en consecuencia, el contraste genera suspicacias.
A modo de conclusión podría decirse que no se trata de transformar una campaña electoral en un curso de Instrucción Cívica dictado por profesores compenetrados con su papel. Pero tampoco se puede admitir que una campaña electoral se transforme en una cloaca donde todas las trampas, calumnias y vulgaridades encuentren rápidamente al dirigente que las pronuncie o al juez que las legitime.
