Asumió el nuevo fiscal del TOF
Se pospuso el primer
juicio por la represión
Por un planteo de la defensa, el Tribunal suspendió el inicio del juicio a “Quique” Barcos, previsto para el 30 de junio. La fiscalía se opuso a la medida, que prolonga una vez más el comienzo del primer juicio contra represores en la ciudad de Santa Fe.
Juliano Salierno
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe aceptó el jueves un pedido de la defensa de Horacio Américo Barcos, para suspender la audiencia prevista para el 30 de junio. Tal determinación postergó una vez más el comienzo del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad denunciados en la ciudad de Santa Fe y alrededores.
El “decreto de suspensión de la audiencia” firmado por los camaristas José Escobar Cello, María Ivón Vella y Daniel Laborde -subrogante- se conoció un día después de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, resolviera reemplazar al fiscal Gonzalo Arma. Tal medida generó una gran preocupación en los organismos de derechos humanos y los propios querellantes, que ayer hicieron públicas sus quejas (ver “Honda preocupación”).
No obstante, los fiscales Martín Suárez Faisal y José Ignacio Candioti impugnaron la medida inmediatamente después de conocerla y solicitaron que el juicio oral comience en la fecha fijada. En cuanto al primero de ellos, es el designado por Righi para ocupar el cargo vacante, dejado por Armas; mientras que Candioti -fiscal federal de Victoria, ER- hace aproximadamente dos meses fue asignado “para coadyuvar (colaborar) en todas las causas de derechos humanos de Santa Fe” (ver Con perfil académico).
Ante la Corte
La determinación de posponer el juicio se debió a un pedido del abogado Néstor Oroño, defensor de Barcos, quien cuestionó la constitución del Tribunal, porque la asunción de Laborde por el jubilado Ramiro Puyol no se hizo de acuerdo a la nueva ley de subrogancias. Fuentes tribunalicias indicaron que el abogado estaría dispuesto a recurrir a la Corte Suprema de tomarse por válida la resolución de la Cámara de Casación que confirmó la legalidad de la integración del tribunal.
Para los fiscales Suárez y Candioti se trata de una “propuesta dilatoria de la defensa”, por lo que anticipando lo que iba a suceder enviaron al tribunal una copia de la decisión confirmatoria de Casación.
En el recurso ingresado el viernes los fiscales cuestionaron que “el fundamento de la suspensión aludida sea la mera expresión del abogado defensor de su voluntad de presentar un recurso extraordinario y no su efectiva interposición” y dijeron que tal argumento “no resulta suficiente para motivar la suspensión de la audiencia de debate”.
Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal expresaron que en caso de que Oroño interponga efectivamente un recurso ante el máximo tribunal y éste le sea rechazado, se fije inmediatamente fecha de audiencia sin esperar ningún otro trámite procesal.
Segunda suspensión
El juicio a Quique Barcos se iba a realizar el 7 de mayo pasado y se corrió al 30 de junio. En ese entonces los motivos eran tres, pero el reclamo por la conformación del Tribunal continúa hoy siendo determinante.
Barcos lleva 20 meses preso en la cárcel de Las Flores, tras el procesamiento dictado por el juez Federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez. Está acusado del secuestro de Amalia Ricotti y José Alberto Tur, entre el 16 y el 31 de mayo de 1978 en un centro clandestino denominado “La casita”, ubicado en San José del Rincón.
Si bien el acusado no era policía ni militar -trabajaba en la obra social de la Uocra, Ospecon-, la Justicia descubrió que se desempeñaba como personal civil de Inteligencia del Ejército, en el destacamento 122, donde integraba las denominadas “patotas”.
En cuanto a la causa Brusa, las audiencias comenzarán el 1º de septiembre y estarán en el banquillo de los acusados: Víctor Hermes Brusa; Héctor Colombini; Juan Calixto Perizotti; María Eva Aebi; Mario José Facino; y Eduardo “Curro” Ramos y Domingo Manuel Marcellini. Se resolvió no someter a juicio al ex coronel Juan Orlando Rolón, debido a su precario estado de salud. También estaba procesado Nicolás Correa, pero falleció el 15 de agosto de 2007.
El tribunal que trabajará en ese caso está compuesto por los conjueces Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus y el juez federal de Paraná, Roberto Manuel López Arango. A diferencia de la causa Barcos, aquí los fiscales son tres: Mauricio Viera, Martín Suárez y José Ignacio Candioti.
Con perfil académico
El nuevo fiscal Martín Suárez, tiene 36 años e ingresó al Tribunal Oral Federal local en 1994. Fue secretario letrado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación y es el único santafesino ternado para ocupar el cargo que dejó la vicegobernadora Griselda Tessio en la Fiscalía Federal. Su padre, Eloy Suárez, es camarista penal en la provincia y vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNL.
Cursó sus estudios secundarios en Colegio Nacional Simón de Iriondo. Se recibió de procurador y abogado en la Universidad Nacional del Litoral, donde se especializó en Derecho Procesal Penal. En el 2000 realizó un postgrado en Derecho Constitucional, en la Universidad de Salamanca, España; y otro sobre Actualización en Derecho y Función Judicial, que se dictó en la Universidad Católica de Santa Fe.
Desde el 2003 cursa un doctorado en Derecho, en el que obtuvo media beca para hacer la tesis “El rol del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción”, en la UNL.
Entre 2004 y 2007 fue secretario letrado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, fecha a partir de la cual pasó a ser secretario del TOF de Santa Fe. El año pasado quedó al frente de la Unidad de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción Santa Fe.
Inició la actividad docente en 1998 en la UNL donde se desempeña como jefe de Trabajos Prácticos de las cátedras de Derecho Constitucional, la asignatura electiva Elementos de Derechos Humanos y de Práctica Profesional Final.
/// ADEMÁS
“Honda preocupación”
La Comisión Provincial de la Memoria y la Justicia emitió un comunicado en el que expresa su “honda preocupación por la separación sorpresiva del fiscal Gonzalo Armas”, así como por la postergación de la causa Barcos.
En cuanto a la separación de Armas, la Comisión indicó que “esta medida se produce a poco de la iniciación de las audiencias de debate en las causas Barcos y Brusa, esta última de 36 cuerpos, siendo que Armas venía trabajando con diligencia desde marzo de 2008, fecha en que fue designado, habiendo ofrecido las pruebas como parte acusadora y entablado una fructífera relación con querellantes, denunciantes y víctimas”.
El documento cuestionó “las estrategias dilatorias públicamente conocidas y la demora de la Cámara Nacional de Casación Penal en resolver la multiplicidad de incidentes planteados por la defensa”, que por segunda vez derivaron en la suspensión de la causa Barcos.
En ese sentido solicitan a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Procuración General de la Nación y al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, que tomen “urgente intervención y dispongan las medidas necesarias para encauzar el normal desarrollo de estos juicios de lesa humanidad, establecidos como prioridad por el más alto Tribunal de la Nación”.
Por otra parte, la diputada provincial Alicia Gutiérrez (SI) culpó al gobierno nacional por las maniobras dilatorias en los juicios de lesa humanidad que tendrán lugar en Santa Fe y advirtió que “la repentina e inoportuna separación del fiscal subrogante del Tribunal Oral Criminal de Santa Fe, Gonzalo Armas, la cual pone en riesgo la realización efectiva de dichos juicios”.
/// EL DATO
Cambio de Armas.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, ordenó el 17 de junio reemplazar al fiscal general subrogante del TOF de Santa Fe, Gonzalo Javier Armas, quien ejercía el cargo desde el 28 de febrero de 2008. La resolución se ampara en “razones de índole funcional” por lo que se estima “conveniente designar al doctor Martín Suárez Faisal -quien integra la lista de abogados de la jurisdicción”. “Corresponde al procurador general de la Nación con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones de este Ministerio Público Fiscal, adoptar aquellas medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que este organismo debe velar”, indica la resolución aludida.
