La Iglesia se preocupa por el día después

Guillermo Villarreal

(DyN)

La Iglesia pretende que no se pierda un minuto y, tras la recomposición de fuerzas legislativas, se ponga en marcha un camino sin pausa hacia un proyecto inclusivo de país, a fin de celebrar el bicentenario patrio sin pobres ni excluidos.

Un período jubilar, que formalmente comenzará en 2010 y se extenderá hasta 2016, al que los obispos consideran una oportunidad única para consensuar políticas públicas que, tomando como fundamento la Constitución Nacional y trascendiendo los gobiernos de turno, favorezcan un desarrollo federal, sano y armónico.

El plan de acción, propuesto por la Iglesia en noviembre pasado, pone el acento en el diálogo y el encuentro entre la ciudadanía y la dirigencia política, y también en la necesaria reconciliación entre los argentinos. El documento episcopal, que los referentes episcopales piden leer y releer, recalca además que la unidad nacional debe ser prioridad si se pretende construir un país con justicia y solidaridad.

“A la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie. Si la dirigencia no lo entiende así, habrá otras posibilidades para cambiarla a través del voto”, dijo Carlos Antonietti, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social conducida por el obispo Jorge Casaretto (San Isidro), al ser consultado sobre qué esperaba la Iglesia tras las elecciones legislativas del domingo. El nuevo modelo de comunidad nacional al que aspiran los obispos exige además liderazgo ético y el fortalecimiento de la democracia y las instituciones republicanas, según subrayan los obispos en el documento “Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad”.

Un texto que la cúpula episcopal encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio ya entregó a la presidenta Cristina Fernández en noviembre de 2008, y acercó a los representantes de los otros dos poderes del Estado. Pero la propuesta episcopal en pos de un proyecto de país choca con intereses partidarios, dado que incluye encarar la siempre postergada reforma política.

Un punto clave para los obispos que, pese a los proyectos de ley presentados, nunca consiguió el respaldo legislativo necesario para su tratamiento. Ahora los obispos creen que habrá más posibilidades de poder debatir una reforma política que consolide instituciones democráticas genuinas, pluralistas, justas y participativas. Los obispos aclaran, sin embargo, que la exigencia no conlleva cambios constitucionales, sino la promoción de una “cultura política” distinta, encabezada por líderes que favorezcan el bien común y la pluralidad partidaria.

“Es necesario y urgente democratizar la democracia, para romper con la lógica imperante según la cual el Estado es ocupado por grupos de dirigentes partidarios devenidos en funcionarios públicos que buscan mantener privilegios, hacer negocios y reproducir poder político a perpetuidad”, reclamaron en una oportunidad los prelados rionegrinos.

Además de buscar que se aseguren los principios de representatividad, legitimidad y austeridad en el quehacer de la cosa pública; la iniciativa eclesiástica aspira a depurar las estructuras partidarias mediante el voto directo, el fácil acceso a las candidaturas, y el respeto de las minorías y las nuevas formas de expresión de la sociedad civil.