Editorial

El diálogo posible

La convocatoria al diálogo político formulada por el gobierno nacional habilitó una oportunidad para que Santa Fe haga escuchar ante oídos supuestamente mejor predispuestos sus reclamos por una distribución más equitativa de los recursos y la satisfacción de deudas largamente acumuladas. Y proveyó una señal que, a la vez, operó como disparador para gestionar instancias equivalentes en la provincia.

La equiparación no es ociosa. Aun con las diferencias de estilos, escalas e improntas personales que afloran, desde el punto de vista político institucional la situación encuentra un claro correlato: si el gobierno nacional está a las puertas de perder la mayoría legislativa, la gestión de Hermes Binner asumió ya en esos términos. En lo partidario, el contexto asume ribetes paradójicos, por efecto de la históricamente recurrente práctica justicialista de generar corrientes de signo contrario en su propio seno. Así, la oposición santafesina pertenece a la misma fuerza que el gobierno nacional, pero la mayoría de sus referentes se ubica hoy en la vereda de enfrente.

En este marco, el gobernador aceptó acudir a la convocatoria presidencial y, a la vez, abrió el juego a los actores provinciales. En el primer ámbito, los planteos apuntan a propiciar decisiones que favorezcan los intereses santafesinos, afectados por lo que se ha dado en llamar un “federalismo menguado”, traducido en una fuerte concentración de recursos a favor de la Nación, cuya deficiente distribución se guía por criterios abiertamente asociados con el favoritismo y un esquema de premios y castigos. En el segundo, la andadura parlamentaria ha tenido un desempeño discreto, pero factible; aunque los permanentes chispazos, las andanadas verbales casi automáticas ante cada medida oficial o tema puesto en discusión, y recurrentes imputaciones por el manejo de los gastos -potenciados por la forzada extensión del período preelectoral- contradicen la mutuamente expresada vocación de sentarse a una misma mesa y jaquean la suerte de las conversaciones.

Una vez más, cabe exhortar a que esta invitación formal a lo que, en rigor, debería ser una práctica permanente y sostenida, esté asistida por un compromiso real, que se ponga por encima de las expectativas de posicionamientos personales o sectoriales, y que sea capaz de traducirse en resultados palpables, sustentables por su propio mérito y no rehenes de suspicacias o especulaciones en orden a su capitalización.

Pero, fundamentalmente, estas instancias cuasi protocolares -aunque no por ello menos necesarias- deben estar intrínsecamente atadas al fortalecimiento de la tarea de los órganos legislativos, a quienes cabe la indelegable responsabilidad de conciliar expectativas y otorgar certeza y fortaleza republicanas a las normas que rijan esa conjugación. En tal sentido, hay que destacar la voluntad de establecer agendas de trabajo que se anticipen al recambio de legisladores en diciembre. A partir de allí, aunar esfuerzos en beneficio de la provincia y de la estrategia regional, tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial, tiene que ser la prioridad absoluta de los representantes santafesinos.