Las deudas suman 100 millones de pesos
La Justicia decidirá si sigue la concesión del puerto de Rosario
Tras el pedido de apertura del concurso de acreedores, el Ente Administrador del Puerto de Rosario evitó decidir el fondo de la cuestión. “No queremos darle un cheque en blanco a nadie, en este contexto”, dijo uno de los directores.
De la redacción de El Litoral
Corresponsalía Rosario
En una reunión que duró varias horas, los ocho miembros del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) decidieron devolverle el exhorto que envió el juez civil y comercial Nº 5, Iván Kvasina, con una respuesta que Terminal Puerto Rosario no esperaba. El organismo evitó tomar una decisión de fondo sobre la continuidad del concesionario hasta que la Justicia decida si abre o no el concurso de acreedores que solicitó TPR, cuyo presidente y mayor accionista, el financista Gustavo Shanahan, dice que acarrea deudas por 100 millones de pesos. “No era el momento ni la instancia para tomar una decisión de fondo”, reconoció a El Litoral Ángel Elías, director del ente.
Al mismo tiempo que solicitó la apertura de la convocatoria de acreedores, Terminal Puerto Rosario presentó dos medidas cautelares en el Juzgado Civil y Comercial Nº 5, a cargo de Iván Kvasina. Requerían que el actual concesionario siga operando el puerto durante el proceso y que no fueran inhibidas las cuentas bancarias de la empresa.
En suspenso
TPR tuvo que presentar estas medidas cautelares, porque en el pliego de la concesión se expresa muy claramente que el inicio de una convocatoria de acreedores es causal para retirar la concesión.
Dos días después de que llegara a su juzgado ese pedido, el juez Kvasina derivó un exhorto al Enapro para que en su rol de ente de control opine al respecto. Pero el viernes al mediodía, el magistrado recibió en su escritorio un documento firmado por los ocho integrantes del directorio, en el que argumentan que no pueden tomar una decisión de fondo, porque todavía la Justicia (el lunes se sorteará el juzgado que se hará cargo del proceso) no decidió si abrirá o no el concurso de acreedores.
“Argumentamos que llegado el momento (si el juez decide emprender la convocatoria), el Enapro sentará una postura de fondo, esto es, si se retira o no la concesión. Pero consideramos que no se podía tomar una decisión de este tipo ante una medida cautelar”, aseguró Elías.
De esa manera, el directorio del ente prefirió transitar por un camino más cauteloso ante los últimos acontecimientos que estallaron en el puerto de Rosario, y evitó dar un apoyo manifiesto al actual presidente de TPR, Gustavo Shanahan, quien hace dos meses absorbió el 70 por ciento del capital accionario, tras la salida de la empresa de Guillermo Salazar Boero. “Me hubiera gustado un apoyo más rotundo por parte del Enapro”, admitió Shanahan.
Edgardo Arrieta, integrante del directorio del Enapro, fue más claro y directo sobre el mensaje del Enapro: “No queremos darle un cheque en blanco a nadie en este contexto”.
Después de que se conociera la decisión de TPR de ir a concurso de acreedores, la postura del gobierno provincial, a través de su representante en el Enapro, pareció ir modificándose. Elías explicó que “lo que se expresó es que la caída de una concesión podría generar un perjuicio muy grande para el puerto, no sólo entre los 600 trabajadores que verían su fuente laboral en peligro, sino también con las compañías que están operando actualmente en la terminal”.
El principio del fin
Hace dos meses, el entonces presidente de TPR Guillermo Salazar Boero, quien poseía el 60 por ciento del capital, decidió realizar un traspaso accionario a Shanahan, hasta ese momento un socio minoritario. El 30 por ciento de las acciones de la concesión están en poder del grupo tarraconés que gerencia Jordi Pujol.
Tras hacerse cargo del puerto, Shanahan encargó una auditoría interna que dio resultados sorprendentes. “Se calcula que el pasivo puede llegar a 100 millones”, afirmó el actual presidente de TPR, quien explicó que “para transparentar las cuentas de la empresa se decidió recurrir al concurso de acreedores”.
“La compleja situación económica y financiera de la empresa determina que sea impostergable solicitar la formación del concurso preventivo, cuyo fin primordial es asegurar las fuentes de trabajo y permitir un espacio de negociación de los pasivos”, aseguró el financista.
