Graves síntomas de degradación
La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, acaba de revelar una trama de empresas ligadas a amigos y familiares del titular de la CGT, Hugo Moyano, que se benefician con contratos sustentados en los aportes de los trabajadores. El oscuro manejo de las cuentas en la administración kirchnerista no es una novedad y alienta fundadas sospechas, que no terminan de encontrar la luz.
La denuncia tardía de Ocaña deja para la reflexión el comportamiento de un funcionario público y su lealtad debida al bien común o al gobierno de turno. Mientras ese falso dilema pretende justificar el silencio ante lo inaceptable, la revelación expone un episodio más de un rosario de hechos que exhiben cómo la administración nacional oculta los números de su gestión parta impedir que la mirada pública juzgue con argumentos verdaderos a sus gobernantes.
Es sistémico en el kirchnerismo el destino discrecional de los fondos sin dar cuentas de sus usos y cooptando los mecanismos de control e información. Los Decretos de Necesidad y Urgencia permiten al Poder Ejecutivo disponer de la recaudación deliberadamente olvidada del Presupuesto nacional y, de allí en más, todo se administra por fuera de la Constitución y de toda razonabilidad republicana.
Las facultades delegadas del Congreso a favor de la Casa Rosada permiten cambiar partidas con cualquier destino, y hasta la coparticipación federal ha dejado de ser informada en los portales oficiales, tal como es norma en todo Estado moderno que se precie de transparencia administrativa.
La corrupción prolifera allí donde el dinero se maneja en la oscuridad. El poder, por su propia naturaleza y según revela la historia política y social en cualquier latitud, se repliega sobre sí mismo y busca el ejercicio de su voluntad; la República impone sus normas para que ello ocurra en orden a un bien común y de cara a los ciudadanos, que son la fuente del poder y lo delegan por el voto.
Sin embargo, las urnas no son más que la garantía mecánica de una democracia que demanda mucho más que la justificación de una mayoría relativa. El ocultamiento es la condición necesaria de la degradación.
El simple ejercicio de observar lo que sucede en el Indec y su negación de números -como los que refieren a la pobreza- permite contrastar cómo el dinero público del gobierno se desvía con destinos hasta delirantes, como en el caso del tren bala, mientras la realidad social se relega en nombre del progreso.
Los pendientes casos de Skanska y la valija de Antonini Wilson se suman al de los aportes a la campaña del laboratorio de Sebastián Forza, asesinado en un caso de drogas ilegales, que ahora se enlazan con la participación de esa misma empresa como proveedora de la órbita de negocios de Moyano, pagados con aportes de los trabajadores.
La información fidedigna sobre el origen y el destino del dinero es siempre una marca indeleble de la ética del poder. La administración de los recursos estatales -o de los trabajadores- sin rendir cuentas a la sociedad es un grave síntoma de degradación, que no se debe admitir.
