EDITORIAL

Fútbol y política

La Argentina tiene graves problemas por resolver: redistribución de la riqueza, inseguridad, emergencias sanitarias, falta de políticas económicas a largo plazo, crisis energética. Éstos son apenas algunos de los inconvenientes en un país que parece estancado en enfrentamientos estériles que terminan diluyendo cualquier posibilidad histórica de desarrollo.

Sin embargo, y a pesar de tantas cuentas pendientes, desde hace dos semanas el principal foco de atención y discusión pública parece estar puesto sobre el negocio del fútbol.

Después de 18 años y cuando aún quedaban otros 5 de acuerdo entre la AFA y Televisión Satelital Codificada (TSC), la entidad que representa al fútbol anunció la rescisión unilateral del vínculo contractual. La situación de quebranto de la mayoría de los clubes llevó a Julio Grondona a negociar con el gobierno, en un intento por incrementar las remesas que el fútbol recibe de las transmisiones televisivas.

La empresa TSC -que pertenece en partes iguales a Torneos y Competencias y al grupo Clarín- había ofrecido 268 millones de pesos por esta temporada. Pero el fútbol pretende recibir 600 millones por año.

Lo que ocurra entre la AFA, Torneos y Competencias, Clarín o cualquier otro grupo empresarial es un problema de menor importancia. Sin embargo, cuando se plantea la intervención del Estado en el negocio del fútbol la situación cambia, pues todo indica que el gobierno podría utilizar fondos públicos para sostener a instituciones que durante décadas sufrieron las consecuencias de administraciones fraudulentas e irresponsables.

Las informaciones que trascienden desde hace un par de semanas indican que el mismísimo Néstor Kirchner viene siendo el encargado de dialogar con la AFA. Si así fuera, surge una pregunta ineludible: ¿bajo qué figura el ex presidente se arroga el derecho de negociar fondos públicos? De hecho, actualmente no está avalado por ningún cargo público, pues apenas es diputado nacional electo en los comicios del 28 de junio, cargo que por otro lado asumirá recién en diciembre.

Los mismos dirigentes que llevaron a sus clubes a situaciones de quebranto recibiendo 268 millones anuales de la televisión, serán los encargados de administrar los fondos extras que recibirían a partir del nuevo esquema. ¿Qué garantiza que el despilfarro y el manejo irresponsable de dinero no continuarán prevaleciendo en las instituciones del fútbol argentino?, ¿quién controlará y de qué manera se evitará que esos fondos se diluyan tras un negocio sospechado de solventar verdaderas mafias bajo el rótulo de “barras bravas”?, ¿acaso no es el mismo Estado nacional el perjudicado por las evasiones impositivas realizadas por clubes, jugadores y representantes?

Una vez más, la política y el fútbol parecen ir de la mano. Una vez más, los ciudadanos que pagan sus impuestos son apenas testigos mudos de un acuerdo plagado de riesgos y, por el cual, jamás fueron consultados.