Polémica por la aplicación del COT

Entidades productivas piden que

se suspendan controles de carga

Aseguran que las empresas no han podido dotarse del software necesario y exigen una convocatoria del Ministerio de la Producción. Desde la API dicen que los operativos empezaron con éxito, y que la mayoría de camiones controlados pasaron la prueba.

De la redacción de El Litoral

[email protected]

Mientras el gobierno anunció el éxito de los operativos de control del traslado de mercaderías en la provincia en el primer día de su aplicación, un grupo de entidades representativas de la producción y el comercio emitieron un documento conjunto, en el que solicitan que se suspendan transitoriamente dichos operativos.

El control se realiza a través de la verificación del Código de Operación de Traslado (COT), en el que se acredita el origen, destino, nombres del propietario y destinatario de determinado tipo de mercaderías. Los procedimientos comenzaron en la autopista Rosario-Buenos Aires, y los realizaron de manera conjunta la Subsecretaría de Ingresos Públicos de Santa Fe y Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba).

En un comunicado de prensa, el titular de la API, Nicolás Ruesjas, aseguró que “de los camiones detenidos y por cuyas características de carga debían tener el COT, la gran mayoría contaba con el código requerido y no hubo inconvenientes”. Sin embargo, las entidades de la producción enviaron una carta al gobernador, pidiendo que se suspenda transitoriamente la medida. Firman el documento la Federación de Centros Comerciales, Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino, Federación Industrial de Santa Fe, las Bolsa de Comercio de Santa Fe y Rosario, Federación Agraria Argentina, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Comercio Exterior, Corenosa y Federación Gremial de Comercio e Industria.

Para fundamentar el pedido mencionaron “las numerosas objeciones e imprecisiones que presenta el sistema, y la necesidad de armonizar la norma mediante un trabajo conjunto entre API y los representantes del sector privado”.

Argumentos

Consultado por El Litoral, el presidente de la Federación de Centros Comerciales (Fececo), Jorge Sobrero, explicó que reclamaron la suspensión de los controles hasta tanto las empresas y la provincia logren armonizar sus sistemas.

“Tuvimos una cantidad de reuniones con los funcionarios de API para intentar coordinar el trabajo, pero nos encontramos con que algunas áreas tenían huecos informativos tremendos sobre transporte de carga, industrias y hasta sobre el agro y productos embolsados. Entonces, a los efectos de no tener problemas, porque esto implica multas que son muy serias y hasta detenciones, pedimos la intervención del gobernador para que se suspenda transitoriamente la medida, hasta tanto el Ministerio de la Producción pueda armonizar los criterios de trabajo”, explicó.

Según comentó, existe “una imposibilidad práctica” de muchas empresas para poder cumplir con el COT. Operativamente, el transportista sale de la empresa con un remito informatizado y en la medida en que se va descargando la mercadería, se registra automáticamente. De esta forma, cuando el camión pasa por los distintos puestos de control, la cantidad de mercadería que queda en el vehículo debe coincidir con la señalada en el remito informático.

“Uno de los problemas que aparecen es que no todas las empresas llegaron a adquirir los equipos informáticos y el software especial que se necesita; además, se requiere personal entrenado y hasta una armonización con el conductor”, expresó. Sobrero advirtió que ese equipamiento “tiene su costo”, al que se le suman las multas por eventuales incumplimientos, que también “son onerosas”.

El dirigente aclaró que no es intención de las entidades “poner piedras en el camino”, sino “ver de qué manera podemos armonizar todo para que la cosa funcione mejor”. Sobrero dijo que los propios funcionarios con los que se reunieron manifestaron “dudas” sobre el funcionamiento del sistema, e insistió en que hubo un “apresuramiento” en su instrumentación. “Las cosas no están lo suficientemente maduras, y si lo que se pretende es hacer un control de la mercadería que se transporta en negro, quienes estamos en blanco no queremos ser los que paguemos el pato de la boda”, aclaró.

Evaluación

Desde la API, Ruesjas dijo que monitoreó el desenvolvimiento de las acciones de control sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de San Nicolás, junto al gerente general de Acciones Territoriales de Arba, Juan Eder, y a la titular de API - Regional Santa Fe, Analía Martín. Recordó que la acción se enmarca en los diversos convenios de cooperación suscriptos entre API y Arba para combatir en forma conjunta las prácticas de fraude, evasión, elusión y mora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y territoriales.

Ruesjas dijo que el objetivo de la utilización del COT como herramienta de control es “incrementar la competitividad a los distintos sectores de la economía local, dado que los actores establecidos fuera de Santa Fe y que intervienen en su territorio, deberán tributar conforme a la ley fiscal santafesina, equiparándose las cargas fiscales de unos y otros”. Aclaró que el trámite “es gratuito y no ocasiona demoras en la circulación de los vehículos”.

/// ADEMÁS

Normalización y paros

Los secretarios general y adjunto de UPCN, Alberto Maguid y Jorge Molina, se reunieron con los ministros de Gobierno, Antonio Bonfatti; y de Economía, Angel Sciara. Al encuentro se sumó la subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren, y los delegados de la Administración Provincial de Impuestos. Abierta esta instancia de diálogo, el personal de API decidió suspender el estado de asamblea y retomar la normal atención al público en todas las delegaciones de la provincia.

El gobierno se comprometió a entregar un proyecto para ser debatido entre los trabajadores, que contemplaría el modo de fiscalizar a los grandes contribuyentes. El martes se volverá a realizar una asamblea, para evaluar los avances de esta nueva etapa de diálogo.

En tanto, no atendieron hoy al público los agentes de Catastro, y los del Registro General de la Propiedad de Santa Fe y Rosario cumplieron durante la mañana un “quite de colaboración”, que implicó no recibir trámites urgentes y en el acto. El personal reclama el pase a planta de algunos contratados, que se prometió hace sesenta días.

800

pesos es la multa que deben pagar las empresas por cada infracción detectada a través del Código de Operación de Traslado.