La inspección y las notas de débito aleccionan

EPE: sólo 10% reincide en el hurto de energía

En unos casos, la vergüenza social de ser sorprendido robando cambia conductas. En otros, lo que duele es el bolsillo. Sólo uno de cada diez clientes regulares (con facturación) insiste en hurtar energía.

Luis Rodrigo

politica@ellitoral

Los técnicos del sector de los servicios públicos, también los de la EPE, utilizan términos que -para el resto de los mortales- resultan casi eufemísticos. Por ejemplo, llaman “pérdidas no técnicas” al hurto de la energía eléctrica, porque -en efecto- se habla de aquella energía que no se pierde por razones físicas o eléctricas. Pero las pérdidas no técnicas tienen nombre y apellido: provienen del sector que no paga y recibe un servicio irregular (muchas veces peligroso) o de quienes se supone que pagan pero han violentado las instalaciones para abonar menos.

Entre estos últimos es que las empresas distribuidoras de electricidad vuelcan sus esfuerzos en materia de inspección y control. Entre quienes tiene identificados con nombre y apellido.

En cambio, sobre los primeros dispone de programas de integración y regularización del servicio, que -tarifas sociales mediante- buscan convertir en usuarios regulares a los llamados, con menos eufemismos, “enganchados”.

Disciplina del mercado

Los servicios públicos que constituyen monopolios naturales -la distribución de energía, gas, el agua potable- hablan de la “disciplina del mercado” cuando miden cuántos de sus clientes no pagan lo que deberían.

En la EPE, la energía que no se factura “está con una tendencia sostenida a la baja, lo que demuestra que las acciones que se venían haciendo desde el año pasado dan resultados”, sostiene el jefe del área de control de pérdidas, Hugo Vitantonio.

“A las pérdidas se las mide en forma gradual, no instantánea; se ven las tendencias. Hay distintos factores que influyen sobre las pérdidas no técnicas como la temperatura ambiente, la propensión al pago y la acción de la EPE que -hoy en los hechos- demuestra que si hay control la gente trata de cuidarse”.

“Entendemos que la imagen de la empresa es mejor tanto en la gestión del seguimiento de los clientes como en su control. Hay sensación de control entre los usuarios, lo cual es bueno. En la medida en que la gente entiende que la empresa controla, quien puede pagar no hurta”, subraya.

El concepto tiene números que lo prueban: sólo vuelve a hurtar energía un 10% de quienes antes fueron sorprendidos haciéndolo. ¿Qué funciona mejor? ¿La vergüenza o el bolsillo? “Depende de la zona”, dijo el funcionario de la EPE respecto de qué influye más en el cambio de conducta de quienes podían pagar pero hurtaban.

Está claro que dejaron de hacerlo porque hay controles, pero qué los mueve a volver a intentarlo: “en unos es la exposición ante los vecinos, en otros que al medirse los consumos del período de hurto el costo es alto”.

“Hay barrios con una buena agrupación social, donde la gente se conoce, en los que la vergüenza tiene efecto... Pero en otros, de más individualismo y donde no se sabe quién es el vecino, eso no tiene ningún peso”, advierte.

Controles

“Los porcentajes que tenemos nos muestran estándares que no son muy malos. En general las pérdidas no técnicas están en un 12%. Y allí hay tanto personas que no tienen el servicio en forma regular sino que son usuarios de hecho, en muchos casos con instalaciones muy precarias y peligrosas, sin ninguna facturación, y también clientes regulares que puede pagar pero hurta la energía”, dice Vitantonio.

De ese 12 %,“hay 5 puntos que corresponden a la marginalidad, o la pobreza extrema. Hoy es difícil conceptualizar a quienes sufren necesidades de todo tipo. En cambio los otros 7 puntos corresponden a quienes sí son clientes regulares, y que pueden pagar. Y es allí a donde hacemos hincapié”.

/// ADEMÁS

Un cable verde junto al medidor del juez

La decisión del juez Jorge Patrizi de archivar la causa por el supuesto robo de energía del juez Rubén Saurín, no afectó la credibilidad de la EPE, según el funcionario responsable del área de control de pérdidas, Hugo Vitantonio.

Sobre el caso cabe recordar que, la fiscal interviniente, Dra. Graciela Parma, apeló la decisión de Patrizi aceptó la apelación de Parma, por lo que ahora desde la Fiscalía de Cámaras se deberá analizar la situación.

“Hay distintas formas de verlo”, dijo el funcionario consultado por El Litoral. “Entiendo que la imagen de la empresa en cuanto al control es buena”, expresó.

Explicó que “son distintas la Justicia de la realidad. La Justicia necesita elementos contundentes y lo que determina es si el juez cometió o no un delito penal. Nosotros lo que vimos en la causa está ratificado por los inspectores y demostrado. El cable verde famoso, conectado en los fusibles y que no pasaba por el medidor, eso está demostrado. Lo que entiendo que no pudo interpretar la Justicia, por las formas que le son propias, es que eso constituya un delito. Pero eso no significa que los inspectores hayan trabajado mal”.

Si en lugar de un magistrado era un cliente común, ¿el proceso hubiera sido igual?, preguntó este diario. “Hay que preguntarle a quien juzgó; entiendo que la Justicia falló sobre lo que existe. No soy quien para discutir el pronunciamiento judicial que indica que no se encontraron pruebas contundentes para la causa. Pero insisto eso no empaña la acción de los inspectores”.

“En el fallo la actividad de los inspectores está bien reconocida, hay una parte en la que se dice que “el inspector solamente verificó del lado de afuera’ y bueno eso es así: nosotros solamente podemos ver del lado de afuera de las viviendas”, explicó el funcionario de la EPE.

La empresa “detectó un cable que salía de los fusibles e iba hacia la casa, que es hasta donde la EPE puede hacer verificaciones: si eso estaba alimentando un artefacto, si eso era una pérdida en la cañería, etc, etc, eso nos excede... los reglamentos de la EPE fijan posición sobre eso. Y en el fallo no están. Y de acuerdo con los reglamentos, la responsabilidad del servicio dentro del inmueble es del usuario, la EPE no tiene que verificar si ese cable estaba o no conectado a un artefacto”.

Ante otra pregunta, comentó: “Sería muy malo que la gente llegara a interpretar que si va a la Justicia va a tener el mismo resultado. No creo que sea así. Son muy pocos los casos en que los clientes con energía no registrada acuden a la Justicia. Y casi todos son favorables a la EPE.

En el caso del juez Saurín la fiscal actuó de oficio pero la empresa iba a hacer la denuncia, tal como se hace en todos los casos de conexiones directas o adulteraciones. Una cosa es la denuncia penal, el delito. Y otra la parte comercial que se resuelve con dinero”.

 

/// EL DATO

Una lupa especial

La Empresa Provincial de la Energía no cuenta con más datos para decidir dónde inspeccionar que sus propios registros de consumos eléctricos. No cruza otras fuentes de información disponibles sobre sus clientes como, por ejemplo, los registros del automotor, para tener más indicadores sobre nivel económico, que generalmente se corresponden con más o menos consumo de energía. Sin embargo, la EPE cuenta con su propia inteligencia. Un programa informático divide las ciudades de Santa Fe y Rosario según promedios de consumo domiciliarios, lo que se vuelca en un mapa. Cuando un cliente llama la atención porque su medidor indica mucho o poco se lo inspecciona.

Del drama social al problema eléctrico

Desde hace varios años la empresa trabaja fuerte sobre este último segmento. En las dos ciudades se trabaja con la Universidad Tecnológica Nacional. “Contamos con asistencia de terceros para las verificaciones globales y luego en el trabajo particular se sigue con personal propio. Hemos tenido muy buenos resultados producto de este convenio con las universidades y se comenzó por las zonas de más altos ingresos, las zonas comerciales más importantes y los barrios con más recursos”.

Actualmente “estamos trabajando sobre la zona de Guadalupe en Santa Fe, son unos 15.000 clientes y se los revisa uno por uno... venimos con buenos resultados, hay una residencia baja, que es similar a lo que encontramos en toda la provincia: sólo vuelve a hurtar energía un 10% de quienes antes fueron sorprendidos haciéndolo”, comenta.

“Trabajamos sobre sectores que pueden pagar, donde la capacidad económica es buena y creemos que la actitud del ahorro puede superar a la del hurto. Quienes hurtan energía gastan más de lo que deberían, más de lo que necesitan, y lo hacen con la intención de pagar menos. Si en lugar de esa adulteración se optara por el ahorro, también los usuarios pueden pagar menos”.

Se estima que un 10 % de todos los usuarios de la Empresa Provincial de la Energía lo son sólo “de hecho”, no de derecho, es decir, están conectados en forma irregular a la red.

Su consumo representa aproximadamente un 5% del total de la demanda de la EPE, y por supuesto varía con la temperatura.

Los enganchados, quienes no reciben factura y se apropian del servicio sin condiciones de seguridad, son minoría a la hora de medir el hurto de la energía.

Sobre el 12 % de las llamadas pérdidas no técnicas, el 7 %, la mayor parte no corresponde a los barrios más pobres sino a quienes tienen la facturación regular pero hurtan energía, para pagar menos.

Por otra parte, se ha probado que cuando en los barrios con más necesidades económicas se logró convertir a los usuarios de hecho en clientes regulares (con medición y tarifas sociales) el uso irracional de la energía, el mal gasto, tiende a desaparecer.

En toda la provincia hay registrados como clientes con problemas económicos unos 50.000, que cuentan con la Tarifa Social: el 60 % está en Rosario y el 40 % en Santa Fe. Además, hay unos 2.700 clientes con carencias extremas.

En proporción, hay más tarifas sociales en la ciudad de Santa Fe que en la de Rosario. “Es complejo actuar ante esta realidad. Por eso no puede ir la empresa sola. Es un problema social, económico, cultural, abarcativo de muchas áreas. Y la política de la empresa es interactuar con otras áreas, con los ministerios de Desarrollo Social, de Gobierno”, explica el jefe del área de control de pérdidas Hugo Vitantonio.

“Muchos vecinos quieren dejar la condición de cliente de hecho para serlo de derecho y para eso están las tarifas sociales pero son aplicables sólo en zonas en las que hay redes. En Santa Fe se trabaja mucho en San Agustín I y II, en mejorar sus redes para luego pasar a ofrecer un servicio seguro y normalizado y, luego, en una tercera etapa lograr un pago por parte de los vecinos. Nos va bien. Y cuando la comunidad se organiza es más sencillo”.

Para la EPE los costos de regularizar la situación de clientes de hecho “son enormes”, porque implica disponer de recursos humanos especializados, y de materiales y tendidos eléctricos regulares nuevos. Sin embargo, “el beneficio a nivel social de que se llegue adecuadamente con el servicio a más hogares es muy importante, de un valor intangible para la empresa”.