Es la 7º medida de fuerza

La semana en la que el campo volvió al paro

La Mesa de Enlace dispuso un cese en la comercialización de granos y carne. La medida se extiende hasta el 4 de septiembre, pero ya comenzó a debatirse la posibilidad de extenderla.

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El paro se veía venir. El detonante fue el veto del gobierno a la ley que eliminaba durante 180 días las retenciones en 22 partidos bonaerenses que están siendo afectados por la sequía. Cuando se concreto esa medida, los dirigentes de la Mesa de Enlace comunicaron un nuevo paro de comercialización de granos y carnes, que comenzó ayer y que se extenderá hasta el 4 de septiembre.

Los ruralistas aclararon que no se afectará el transporte y la venta de productos perecederos como los lácteos, las frutas y las verduras. Esta es la séptima medida de fuerza del campo contra la administración de Cristina Kirchner.

Desde la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi consideró que “las consecuencias de la política agropecuaria de este Gobierno hace que las cosas estén, como mínimo, muy mal.” También pronosticó que va a haber un enorme acatamiento de la medida,. “Hay mucha bronca”, insistió Buzzi.

Lo confrontó Hugo Biolcati en una radio porteña. “Me gustaría saber lo que pensaba cuando dijo eso porque yo interpreto todo lo contrario y creo ser un tipo más o menos racional”, aclaró el presidente de la Sociedad Rural.

En la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández defendió la política agropecuaria del gobierno y dijo que el paro no se justifica. “Hace tiempo que venimos tomando políticas para el campo, hemos implementado medidas para el sector lácteo y decisiones como la liberación de las exportaciones de trigo y maíz”, argumentó Fernández.

Por su parte, el diputado Francisco De Narváez le pidió al Gobierno que “escuche los reclamos del campo ante este nuevo paro, para salir definitivamente del nivel de conflictividad”.

La respuesta no se hizo esperar. Dirigentes del ruralismo confederado de Santa Fe y Córdoba (Carsfe y Cartez) salieron a retrucarle que los registros “siguen cerrados”. También le recordaron a Fernández que “seguramente no hay —ni habrá— saldo exportable” de esos cereales”.

La protesta

“Nosotros hemos recomendado expresamente que no haya cortes, que no haya ningún tipo de interferencia en la circulación; lo que sí va a haber es presencia en algunos puntos neurálgicos de la ruta de gente volanteando, explicando la situación del campo”, comento Hugo Biolcati, presidente de la Sociedad Rural, en declaraciones radiales.

Los mercados agropecuarios comenzaron a reacción incluso antes de que comience el paro. El jueves a la mañana, la oferta de vacunos (7.900 cabezas) fue más alta que lo habitual en Liniers. Es que los productores anticiparon ventas, a raíz del cese de comercialización de hacienda. Muchos creen que este fue un adelanto del alto acatamiento que va a tener la medida de fuerza.

Otra cuestión que influyó en las ventas es que los operadores del negocio de ganados y carnes creen que es probable que el paro se extienda más allá del 4 de septiembre, una medida que todavía no fue confirmada ni negada por los principales referentes del nucleamiento que reúne a las cuatro entidades del agro con representación nacional

Alarcón se pasa al gobierno

En Santa Fe, María del Carmen Alarcón renunció a su cargo en la administración de Hermes Binner, para asumir como Secretaria de Integración Nacional del gobierno de Cristina Kirchner. “La secretaría fue una idea que propusimos para no seguir polarizando conflictos como el que enfrenta al campo con el Poder Ejecutivo”, explicó Alarcón, quien contó que en Brasil funciona un organismo similar.

“Ella (por Alarcón) me trajo una propuesta que me gustó, yo se la llevé a la Presidenta y la aprobó”, confirmó Aníbal Fernández, jefe de Gabinete. La decisión de Alarcón sorprendió a muchos productores y dirigentes rurales porque la funcionaria criticó con dureza al gobierno nacional durante los últimos tres años. Hay que recordar que el bloque kirchnerista la separó de la Comisión de Agricultura de Diputados por no avalar el cierre de las exportaciones de carne.

Sin consensos. El conflicto entre el gobierno y la mayor parte del sector agroindustrial ya lleva un año y siete meses. En la foto, los dirigentes de la Mesa de Enlace debaten las medidas de fuerza en la sede de Coninagro

Foto: DyN

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La crisis de Bernardín

La fábrica de cosechadoras Bernardín sigue parada y sin financiamiento para pagar la deuda salarial con sus 115 empleados (más de tres meses y medio). Durante varias semanas, la planta fue tomada por los trabajadores y en San Vicente hay mucha incertidumbre sobre el futuro de una de las firmas pioneras de la industria de la maquinaría agrícola argentina.

En las últimas semanas, el conflicto se profundizó. Los directivos de Agroindustrial San Vicente aseguran que no logran cobrar una serie de operaciones con Rusia (480.000 dólares) y con la República de Venezuela (1,5 millones de dólares). También reclaman una devolución del IVA técnico que asciende a los 4 millones de pesos.

Los empleados están muy preocupados porque la empresa ratificó los despidos de 42 operarios (en una primera instancia habían sido 76). Hay que recordar que hasta este conflicto, la fábrica era la fuente de trabajo más importante de San Vicente (6.000 habitantes). En la Cámara de Senadores se está analizando un proyecto del senador Alcides Calvo para expropiar la planta y formar una cooperativa de trabajadores.