EDITORIAL

Un proyecto que requiere diálogo

Sin duda, la Argentina necesita de una nueva ley de radiodifusión. El ordenamiento legal que rige proviene de los tiempos de la dictadura militar y por lo tanto se impone un nuevo marco jurídico que dé cuenta de las formidables y complejas transformaciones que se han producido en el mundo de las comunicaciones.

Si es verdad que vivimos en la era mediática, resulta obvio que la democracia necesita una ley de radiodifusión que compatibilice la lógica de las sociedades abiertas con la dinámica impetuosa de las nuevas tecnologías comunicacionales.

El problema radica en que pareciera que el gobierno nacional no termina de hacerse cargo de que una ley de estas características debería ser el producto de un debate amplio que permita anudar un fuerte consenso.

Para que ello sea factible, es necesario que desde la más alta representación del poder se convoque a un diálogo genuino y honesto, algo que no ha estado presente en el discurso de la presidenta al momento de presentar el proyecto. Por el contrario, lo que predominó fueron palabras peyorativas y un zamarreo que alienta la confrontación. Así, lo que debería ser la inteligente expresión de un acuerdo transmuta en una encarnizada lucha entre sectores.

La ley de radiodifusión debe tratarse en el recinto del Parlamento, pero lo aconsejable es que el debate se lleve a cabo en un clima más distendido que el actual y con los legisladores que fueron votados en las elecciones del pasado 28 de junio.

Desde el punto de vista de los contenidos de la ley, queda claro que uno de los valores centrales a defender es la libertad de prensa. Al respecto, lo que corresponde preguntarse es cómo se asegura que estos principios se sostengan. Sin duda, por ejemplo, la cartelización y los monopolios atentan contra el derecho de los ciudadanos a una información seria y diversa, pero tal como lo demuestra la experiencia del siglo veinte, el principal monopolio político que pone en riesgo el ejercicio de estas libertades suele ser el Estado, sobre todo en sociedades como las nuestras donde no existe una tradición que diferencie en la práctica al gobierno del Estado. Por el contrario, los gobiernos de turno suelen apropiarse de la maquinaria estatal para ponerla a su servicio.

En suma, la redacción de una nueva ley de radiodifusión es una tarea compleja que merece ser abordada desde diferentes puntos de vista y atendiendo al conjunto de valores e intereses comprometidos. En estos temas, no puede haber improvisación y, mucho menos, imposiciones lesivas de la tradición republicana. Tampoco se justifican rencillas facciosas alentadas desde el gobierno contra supuestos monopolios. Por el contrario, lo que el gobierno debe hacer es serenar los ánimos, disponerse a abrir el debate de la manera más amplia posible y, por sobre todas las cosas, prestar atención al veredicto de las urnas del pasado 28 de junio.