Los Archivos de la Memoria

Jorge Daniel Pedraza (*)

Por resolución conjunta del 30.07.09 de los ministros de Gobierno y Reforma del Estado y de Justicia y Derechos Humanos, Nros. 0397 y 0278 respectivamente, se autorizó al Archivo General a entregar, en calidad de préstamo, a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, para ser destinada al Archivo Provincial de la Memoria, la totalidad de la documental correspondiente a los llamados “Archivos Ideológicos o de la Represión”, producidos por la Dirección General de Informaciones de la provincia (Central de Inteligencia) desde 1966 a 1983, en forma ininterrumpida, inclusive en el período democrático 1973-1976.

Se establece asimismo que esta documental deberá ser “reintegrada al archivo cedente una vez finalizadas las tareas de digitalización, investigación y sustanciación de los juicios de lesa humanidad”, actualmente en trámite en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Reconquista.

En sus considerandos se establece que la Secretaría de Derechos Humanos se encuentra trabajando de manera conjunta con la Justicia Federal y la Procuración General de la Nación aportando datos y/o documental que puedan constituir pruebas en dichos juicios prestando colaboración y apoyatura técnica, económica y de personal para tales fines, conforme lo normado por el Decreto Nº 3088/08 firmado por el gobernador Binner.

Que dicho traslado fue solicitado en forma urgente para el mejor acceso a estos archivos por parte de quienes están legitimados y capacitados para su estudio, análisis y selección, con el fin de ser ofrecidos como prueba en los juicios que se están llevando a cabo.

Lejos de pretender afectar el Patrimonio Documental de la provincia, o la confidencialidad, esta medida busca darle a los archivos de la memoria una utilidad práctica e inmediata de apoyatura probatoria para dichos juicios, tal como se viene haciendo con fondos documentales similares obrantes en la Nación y en diversas provincias como la de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, entre otras. También nos preocupa su buena conservación, como así la de los libros policiales que están en la Prefectura de Santa Fe, bajo custodia de la Fiscalía Federal.

No estamos en presencia de simple documentación histórica sino de la descripción de cómo operó una fase del terrorismo de Estado en nuestra provincia cual fue la de los trabajos de inteligencia previos a la captura, tormentos y en muchos casos el exterminio del objetivo a cargo de los grupos de tareas. También contiene partes de inteligencia policial, especies de crónicas sobre operativos desarrollados, describiendo a la víctima y no al grupo represivo-, adornando el relato la mayor de las veces con falacias, que ponían a disposición de la autoridad militar por si quería publicarlo.

El organismo productor de estos archivos, la Dirección General de Informaciones de la provincia, dependía del gobernador y era parte de la Comunidad Informativa (Cominsafé) que se reunía periódicamente con otros servicios de inteligencia (Ejército, Policía Provincial, Policía Federal, etc.) para centralizar datos y uniformar caracterizaciones de personas o grupos.

Luego de producidas gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte de diversos regímenes totalitarios, los archivos de la memoria han surgido en diversos países con el objetivo de obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre dichos quebrantamientos.

En nuestro país, a la vez que se cometían los crímenes de lesa humanidad, paralelamente se buscaba borrar la huella de los mismos, haciendo desaparecer los cuerpos de los asesinados y todo tipo de registro judicial o administrativo, impidiendo las investigaciones, incluso la de los abogados o periodistas, a quienes simplemente asesinaban, detenían o sometían a bombardeos.

Este amedrentamiento colectivo se extendió por décadas, y aún en democracia cuando se impidió -vía chirinadas militares- que se avanzara con la Memoria, Verdad y Justicia. Por ello se demoró tanto la continuidad de los juicios, con la impunidad arrancada a sangre y fuego.

Por ello se deben jerarquizar los Archivos de la Memoria, poniendo a todo el Estado a su disposición, aportando desde cada ministerio o desde cada municipio o comuna todo tipo de documental que aporte al esclarecimiento de esta metodología represiva que operó hasta en los lugares más recónditos de la administración.

Justo es decir que el personal del Archivo General ayudó a preservar estos fondos documentales, en una época donde muchas voces progresistas pidieron su destrucción como reacción a esta tarea de inteligencia que se extendió casi veinte años, metiéndose hasta en la vida privada de dirigentes políticos, gremiales, estudiantiles, culturales, empresariales, empleados públicos o que aspiraban a serlo- funcionarios y hasta jueces, con descalificaciones frecuentes como las de “bandolero subversivo”, o que hacían referencia a su poco apego al trabajo, o a su preferencia sexual, o a antecedentes de drogas, alcoholismo o simplemente la mención del prontuario de cada uno desde décadas atrás, aunque más no fuere por un simple accidente de tránsito o de una contravención.

Estos archivos debieron haber sido transferidos al Archivo Provincial de la Memoria apenas creado éste en 2006, pues los procesos penales contra represores habían comenzado en el año 2002. Los intentos en tal sentido de la gestión anterior resultaron infructuosos, alcanzándose a traspasar sólo una quinta parte del total.

No obstante ello las causas elevadas a juicio oral como también las que se hallan en la etapa de instrucción fueron recibiendo diversos aportes de documentales a través de presentaciones efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos, como producto de la selección practicada por su equipo de investigadores tanto en el Archivo Intermedio, Archivo de la Memoria, Archivos Conadep, libros policiales, de cementerios, legajos militares, expedientes judiciales, documentación administrativa, del registro civil, crónicas periodísticas, archivos particulares, etc.

Asimismo estos archivos estuvieron siempre a disposición de los fiscales federales para extraer toda la copia certificada que considerasen necesaria para los juicios. Igualmente para los querellantes que lo requiriesen a través de oficio judicial.

Capítulo aparte de los archivos de la represión lo constituyen las crónicas periodísticas de aquella época como los testimonios orales que los investigadores fueron recibiendo. Entre otras se destaca el aporte obtenido del archivo del diario El Litoral, con las innumerables consultas efectuadas a sus tomos mensuales a partir de 1998 con los juicios de la verdad y exhumaciones de restos N.N. para darles cristiana sepultura, o con la reciente aparición de la hemeroteca digital, ampliada muchas veces con la memoria de los cronistas.

El reciente convenio de cooperación firmado con el Archivo Nacional de la Memoria enriquecerá el acervo de nuestro Archivo aportando su experiencia y su logística, avanzando en la digitalización como así en el intercambio de material para profundizar las tareas de investigación.

(*) Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

Esta semana comenzaron los juicios por la represión ilegal en Santa Fe durante la pasada dictadura.

Foto: Amancio Alem