Unánime rechazo a la decisión del gobierno nacional

Sequía sin emergencia: repudio

del Senado provincial al veto K

El gobierno provincial lo hizo ayer y se sumaron legisladores nacionales santafesinos. La medida afecta a 9 departamentos. Una chicana del PJ sobre Alarcón llegó al texto del pronunciamiento.

Luis Rodrigo

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El veto parcial a la emergencia agropecuaria, que priva de ayuda estatal a los productores agropecuarios de los departamentos 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Justo, San Javier, Garay, Las Colonias y Castellanos, fue duramente criticado ayer por una resolución de la Cámara de Senadores santafesina.

La Cámara Alta se expresó ayer por la tarde en términos similares a los que antes había utilizado el gobierno provincial. El ministro de la Producción, Juan José Bertero pidió a los senadores y diputados nacionales por Santa Fe que dejaran constancia pública de su rechazo al veto, y que votaran contra la decisión del gobierno central.

La posición de la Cámara Alta provincial fue votada por unanimidad. El texto fue presentado por todos los integrantes del Frente Progresista Cívico y Social Rodrigo Borla (San Justo), Federico Pezz (General Obligado), Héctor Aquino (Constitución), Eduardo Galaretto (San Lorenzo) y Juan Carlos Zabalza (Rosario), así como el senador Felipe Michlig de la UCR (San Cristóbal).

El bloque del PJ manifestó su inmediato acuerdo con la declaración y Alberto Crosetti (Belgrano) habló del desaliento para la actividad e interpretó que se trata de una provocación.

En los fundamentos del proyecto, los senadores del oficialismo afirman que “la provincia perderá una partida económica especial para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción productiva” de los departamentos antes mencionados y que “resignará la renegociación de los créditos concedidos a los productores afectados, el otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas a través del Banco Nación, la exención o refinanciación de las obligaciones previsionales e impositivas vencidas y el subsidio a los productores afectados en esas localidades, la ampliación de fondos para planes sociales y la suspensión por 90 días de los juicios por acreencias vencidas”.

Las “ex”

El Senado también votó en favor de un proyecto de comunicación que (a través del Poder Ejecutivo Provincial) se dirige a los legisladores nacionales para que con su voto rechacen el veto.

La expresión de deseos pide al Congreso Nacional que insista con el proyecto de ley que ha aprobado, y se dirige especialmente a los legisladores nacionales por Santa Fe.

El jefe del bloque del PJ Ricardo Spinozzi propuso sin reirse añadir al texto un pedido para que -también vía Ejecutivo como mandan las formas- el Senado se dirija a la flamante funcionaria nacional María del Carmen Alarcón, ex funcionaria del gobernador Hermes Binner.

Con la ayuda de sus pares y sin perder la cara de póker que la lograda chicana exigía, el titular del justicialismo nombró a la “coterránea”, a la sazón de su pedido, titular de la rimbombante “Secretaría de Integración Nacional”.

El oficialismo respondió primero sin permiso de la presidencia (ayer a cargo del senador Norberto Betique) y Eduardo Galaretto (FPCyS) bromeó: “No digan que con lo de Latorre nadie le avisó”. Y luego, con la interrupción concedida, Rodrigo Borla hizo una pirueta para poder incluir a la compañera de boleta de Carlos Reutemann.

Como la redacción final del texto declarativo no tomó forma en el debate (tampoco tenía sentido hacerlo), el problema de nombrar a “las ex” queda reservado a la pluma del secretario parlamentario, Diego Giuliano.

Amenazas al fiscal

Todos los senadores santafesinos aprobaron una declaración impulsada por Juan Carlos Zabalza (FPCyS- Rosario) que repudia las amenazas sufridas por familiares del fiscal José Ignacio Candiotti, en el marco de su labor en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad, durante la dictadura.

“El miércoles (2 de setiembre) al reintegrarse la esposa del Dr. Candiotti a sus tareas en el Juzgado Federal de Reconquista, encontró que una foto familiar que había pegado en la puerta de un armario se hallaba sobreescrita con marcas intimidatorias”, subrayan los fundamentos del senador socialista.

Recuerda el texto que “este hecho ha merecido el enérgico repudio de distintas agrupaciones de defensa de los derechos humanos, del Sr. gobernador y de la Sra. vicegobernadora, y de los ministros de Seguridad y Justicia que se han avocado a generar el ámbito de protección que ameritan las circunstancias”, sigue Zabalza.

Los juicios que comenzaron el primero de septiembre “constituyen un paso muy importante en la construcción democrática, fruto del esfuerzo de organismos de derechos humanos, de víctimas, y de los tres poderes del Estado, y en los cuales funcionarios del Ministerio Público Fiscal han cumplido un papel preponderante en el avance de las investigaciones”.

“Entendemos que este intento de amedrentar e intimidar a un fiscal federal constituye una nueva manifestación de un sector autoritario que pretende retrotraernos al período más oscuro de la historia argentina”.

Legisladores nacionales

El senador nacional Carlos Reutemann expresó su “más profundo rechazo al veto del Poder Ejecutivo nacional introducido por Decreto Nº 1.142/09, por el que se dejan sin efecto beneficios a diversos departamentos de la Provincia de Santa Fe fuertemente afectados por la sequía”.

“El Ejecutivo Nacional nuevamente, en un acto de discrecionalidad, preanuncia la utilización del veto para toda iniciativa parlamentaria que ayude al interior y al sector productivo, que moviliza la economía real del país, dando muestras de que va en el camino contrario para la reactivación”, subrayó Reutemann, quien adelantó que desde la Cámara Alta manifestará “su rechazo”. Finalmente, Reutemann sostuvo que Santa Fe es la provincia que “más aporta al Estado nacional en materia de recursos”.

En tanto, la diputada nacional socialista, María Elena Martin, manifestó que “el veto del gobierno nacional abre un marco de dudas sobre el plazo en que podrán hacerse operativos los beneficios de tal declaración, ya que la parte vetada preveía el facultamiento para posibilitar la rápida operatividad de la misma”.

“Tal como fuera aprobada por el Congreso de la Nación, la declaración de Emergencia implicaba la inmediata instrumentación de regímenes especiales para los productores afectados por la sequía, para el pago y refinanciación de sus obligaciones fiscales y previsionales, como así también la quita de intereses y eventuales condonaciones, con el objeto de adecuar su capacidad de pago a las contingencias padecidas”, expresó.

“Asimismo -continuó- quedaba suspendida la iniciación y sustanciación de juicios y acciones administrativas y judiciales originadas en obligaciones con Afip y Anses, y la posibilidad de implementar asistencia crediticia a través del Banco de la Nación Argentina”.