EDITORIAL

La Nación debe habilitar cargas a nuestro puerto

La Hidrovía Paraguay-Paraná se ha quedado casi sin embarcaciones de bandera argentina, situación que esteriliza buena parte del esfuerzo que vienen realizando sucesivos gobiernos provinciales e inversores privados para mover contenedores, generar trabajo y desarrollar la economía de Santa Fe.

La normativa fiscal y laboral que pretende promover la recaudación, el trabajo y el desarrollo de empresas argentinas favorece de hecho la extranjerización de las firmas y la disminución de cargas en los puertos del interior del país. La presencia del santafesino Ricardo Luján como titular de la Dirección Nacional de Puertos y Vías Navegables es una oportunidad para gestionar soluciones federales a este problema.

En 1980, el 83 % de la bodega o capacidad de carga por el Paraná poseía bandera argentina; cuando arrancó el Mercosur, la flota fluvial nacional asumía el 45 % de la carga. Hoy, sólo el 11,7 % de las bodegas y el 5 % de la carga efectiva viajan por la Hidrovía bajo bandera celeste y blanca.

La mayoría de las compañías armadoras que mueven buques o convoyes de remolcador y barcazas para transportar contenedores en la Hidrovía sigue siendo argentina, pero opera bajo bandera paraguaya. La legislación fiscal y laboral de nuestro país en materia de transporte fluvial ignora la evolución de la tecnología, obliga al exceso de personal y agobia con imposiciones.

La ley 19.492 que regula el transporte de cabotaje, es decir, entre puertos argentinos, data de 1944 e impone el uso de compañías y personal del país. Si bien contempla la posibilidad de un “waiver” o perdón para casos excepcionales, esta alternativa es restrictiva y la exigencia termina de hecho por inhibir el transporte fluvial, si se tiene en cuenta que las embarcaciones han abandonado de hecho la bandera argentina.

Fuera de Buenos Aires, que como terminal de importación y exportación no padece el problema, la normativa provoca el retraso relativo de las estaciones fluviales del interior del país. Eso significa menos trabajo para los santafesinos y más costos para la logística de las empresas que operan desde la región o reciben aquí las cargas que los proveen.

La DNPVN debe buscar soluciones verdaderamente federales. Promover el desarrollo del transporte de cargas por los ríos del país, por un medio que contamina menos, no recibe gasoil subsidiado ni rompe las rutas, que procura más trabajo y tiene menos costo productivo, es un objetivo sobre el que nadie debería ensayar elusiones argumentativas, y menos, en nombre del progresismo.

Las administraciones justicialistas y socialistas de la provincia, las entidades representativas de la producción e incluso los gremios vinculados con el transporte fluvial han consolidado políticas para el desarrollo del puerto que es origen y destino de nuestra ciudad. Es tiempo de actuar a nivel nacional, de manera consecuente con el legítimo interés federal que compromete a todos los santafesinos.