Procedimiento cuestionado

Un examen escandaloso sacude a la Magistratura

El mismo participante al que le descubrieron una copia del caso a resolver en Paraná, tenía encima otra de un concurso anterior. Investigan y discuten la transparencia del procedimiento.

De la redacción de El Litoral

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El escándalo desatado por el caso de un candidato a juez que tenía en su poder una copia del examen, supuestamente secreto, produjo la apertura de una serie de investigaciones internas y judiciales, y motivó la discusión sobre el procedimiento de selección que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.

La diputada nacional oficialista Diana Conti, integrante del Consejo, reclamó que los concursos sean escritos, orales y públicos y “sin anonimato”. En tanto, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, disparó que “la corrupción está en el Consejo de la Magistratura. Yo quisiera saber cómo se están designando los jurados, si de verdad se hacen sorteos cristalinos”.

“Hace cuatro años que venimos reclamando transparencia en los concursos para la magistratura”, dijo Conti en un comunicado, denunciando una “profunda resistencia” en el seno del propio Consejo. Para Recondo, “si de verdad quieren investigar, debería revisarse por qué no se hace una distribución equitativa: algunos jurados salen todo el tiempo y otros, nunca”. Precisamente, la aparición de un nuevo caso que involucra al mismo postulante (ver Una jornada de tensión) mostró como punto en común en ambos concursos la repetición del juez Alberto Pravia como jurado. Pravia es el único de los jurados de Paraná que conocía a Hernán Tuppo, el postulante descubierto en infracción. Primero, porque era fiscal cuando Tuppo fue designado juez de la intervención en Santiago del Estero. Y segundo, porque compitió contra él en un concurso para ser juez en esa provincia. En aquélla oportunidad, Tuppo salió mejor calificado que Pravia, pero el presidente Néstor Kirchner escogió a éste último para enviar el pliego al Congreso.

En tela de juicio

De la investigación que llevan adelante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación dependerá si Tuppo -actualmente secretario de una fiscalía- seguirá en sus funciones o recibirá una sanción, que puede llegar hasta la remoción.

Fuentes judiciales anticiparon que la investigación interna en el Consejo estará a cargo del abogado Claudio Cholakian, secretario letrado de la consejera diputada kirchnerista Diana Conti, y en la Procuración correrá por cuenta del fiscal general de juicio Javier De Luca.

Tuppo es secretario de la Fiscalía de Instrucción de Saavedra, a cargo de José María Campagnoli, ex subsecretario de Seguridad durante el gobierno de Néstor Kirchner e imputado en la causa que investiga la toma de la comisaría 24 de La Boca.

En el Consejo, según revelaron las fuentes, la investigación interna se iniciará con los redactores de los cuatro casos previstos para el examen, de los cuales sólo uno -elegido al azar de entre cuatro sobre cerrados y lacrados- sería sometido a los conocimientos de los candidatos.

Los autores de los exámenes fueron los jueces Alberto Pravia y Daniel Morín, y los docentes universitarios, Ignacio Tedesco y Gustavo Costa; cada uno conocía el suyo, pero también los de sus otros tres colegas, revelaron las fuentes.

Recurrente y mediático

Tuppo tiene 42 años, trabaja en la Justicia desde junio de 1991 y se desempeñó en juzgados de instrucción y de menores y en un Tribunal Oral Federal de San Martín. Además, fue secretario de la fiscalía a cargo de Marcelo Martínez Burgos -uno de los representantes del Ministerio Público asignado a la causa Amia-, trabajó con el ex fiscal Pablo Lanusse durante la intervención en Santiago del Estero y tuvo en esa provincia una actuación rutilante desde el punto de vista mediático.

En efecto, Tuppo fue el juez subrogante que en octubre de 2004 dictó el procesamiento por “coacción agravada” al matrimonio Juárez, otrora caudillos provinciales, por el secuestro de un ex vicegobernador.

Tuppo procesó y convirtió en prisión preventiva el arresto domiciliario del ex gobernador Carlos Juárez y de su esposa, Mercedes Marina Aragonés; del ex jefe de Gabinete provincial Carlos Pena y del ex diputado y ex jefe de la juventud peronista juarista Carlos Anauate.

Tuppo frecuentemente concursaba en el Consejo de la Magistratura para llegar a juez. Además del concurso para juez de TOF de Santiago del Estero, estuvo ternado en al menos otros tres concursos: fue segundo en la disputa por un cargo en un Tribunal Oral Federal de Formosa, tercero para un TOF de San Juan y segundo para juez federal de primera instancia de Paraná. De los cuatro casos, sólo en el último tiene posibilidades de llegar al cargo, porque la terna fue remitida el 16 de abril pasado por el Consejo al Poder Ejecutivo, que todavía no eligió al candidato para pedirle acuerdo al Senado.

Una jornada de tensión

El viernes pasado, a las 8.30, comenzó el examen para cubrir la vacante del Tribunal Oral de Paraná. Los 23 postulantes aguardaron a que el juez Luis Cabral, representante del Consejo de la Magistratura, eligiera al azar uno de los cuatro casos que habían preparado los jurados, y que los participantes supuestamente desconocían. Abrió el sobre lacrado, anticipó a los concursantes en qué consistía el caso y mandó a hacer fotocopias.

Pero mientras los participantes esperaban, dos de ellos notaron que otro, el fiscal Hernán Tuppo, ya tenía el texto en sus manos, y que no era una fotocopia. Advertido de ello, Cabral solicitó los papeles a Tuppo, quien se negó a dárselos, aduciendo que eran “personales”. El consejero anuló entonces el examen y convocó al juez federal Gustavo Zonis, que ordenó la requisa del material. El procedimiento -que llevó horas durante las cuales todos debieron permanecer encerrados- permitió establecer que en poder de Tuppo había varios casos. Entre ellos, el mismo que había sido escogido para este examen. Y, según se supo después, otro que decía “Concepción del Uruguay”. La misma plaza en la que Tuppo había concursado dos días antes.

Las investigaciones abiertas (ver aparte) determinaron que la participación de Tuppo no fue la única coincidencia. También en ambos concursos se desempeñó como jurado el juez Alberto Pravia. El mismo que se encargó de llevar a Paraná los cuatro sobres para el concurso, y en quien, hoy por hoy, se centran las principales sospechas.

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Es doble la ruptura de la confianza, porque pone en crisis un sistema donde la ética y la honorabilidad de los participantes es exigida. Y además, estamos hablando de un funcionario público. Este caso nos va a obligar a debatir varios aspectos del sistema”.

Mariano Candioti, presidente de la comisión de Selección.

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El juez Luis María Cabral intervino en el polémico concurso.

Foto: Archivo El Litoral