En el Senado provincial
Leyes procesales al filo del plazo
De la redacción de El Litoral
La puesta en marcha completa de la oralidad penal en la provincia, que hasta el momento ha tenido una aplicación acotada, depende de la aprobación de una serie de leyes complementarias al Código Procesal sancionado. Se trata de las referidas al Ministerio Público Fiscal -que concentrará los roles de investigación y acusación-, el Ministerio Público de la Defensa y a la normativa de gestión, que es la que regulará la circulación de casos en los tribunales.
Las tres normas cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, pero su consideración en el Senado viene sufriendo sistemáticas postergaciones, desde su ingreso durante la primera semana de junio. La Cámara alta ha contado con un mes y medio para su tratamiento antes del receso de julio, y pronto cumplirá otros 45 días tras el período de descanso: tres meses en total.
Diputados recibió del Ejecutivo las tres normas en febrero y las aprobó durante el primer mes del período ordinario de sesiones, el 28 de mayo. Desde entonces en Senadores esperan tratamiento los proyectos de ley con media sanción referidos a la organización de los tribunales penales en la provincia, la creación del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal.
En la Cámara joven se impuso una madura discusión entre el oficialismo y la oposición donde -más allá de las diferencias- ambos sectores comprendieron la importancia institucional del debate. El justicialismo se abstuvo de votar las normas referidas al Ministerio Público de la Acusación y el Servicio de Defensa Penal mientras que acompañó con su voto la organización de los tribunales penales.
30 de octubre
En Senadores los plazos están acotados: una demora excesiva supone un problema de gravedad, por cuanto el 30 de octubre es la fecha fijada por la ley para que el nuevo sistema entre en funcionamiento, y existiría el riesgo de que -más allá de cuestiones presupuestarias, estructurales y de recursos humanos- ni siquiera se cuente para entonces con las normas requeridas.
En ese sentido, la situación emularía lo sucedido en Chubut, donde un modernísimo Código caducó sin haber llegado a tener aplicación jamás. En el caso de Santa Fe, supondría la frustración de un proceso que demandó varios lustros y no pocos intentos, y que constituye la mejor oportunidad de superar un sistema anacrónico, reiteradamente objetado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para mañana está previsto el tratamiento del tema en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Es de esperar que la instancia sea oportuna para que los senadores pongan en juego sus argumentos y puntos de vista, y si lo consideran preciso impulsen las modificaciones del caso, pero que aseguren el tratamiento en tiempo y forma de los proyectos.
