De la tarea de legislar

Las leyes importantes para una Nación reclaman ser aprobadas por el Parlamento con el mayor consenso posible luego de un exhaustivo debate. Lo opuesto es la pulsión autoritaria en cualquiera de sus variantes. Una ley puede salir por una mayoría circunstancial o por presiones del momento; pero si ése fuera el caso, su aplicabilidad será dudosa y complicada. Una norma puede ser aprobada por el Parlamento, pero si los procedimientos estuvieron viciados, el resultado también lo estará. Por último, hay que decir que el tratamiento de una ley puede contribuir a la unidad nacional o a la división del país.

La llamada “ley de medios” corre el riesgo de ser legal -aunque varios juristas advierten sobre la inclusión de artículos inconstitucionales-, pero no legítima. La reciente aprobación en la Cámara de Diputados con más de cien legisladores retirándose a la hora de la votación advierte sobre este peligro, máxime cuando el electo recambio de la Cámara en general no avala la posición oficial.

Los reclamos de la oposición respecto de un tratamiento más sereno y pormenorizado del extenso contenido del proyecto de ley no fueron escuchados. No es un tema menor. Mucho menos en una ley cuyos contenidos exceden ampliamente el espacio de los medios de comunicación audiovisual, para ingresar a las entrañas de la democracia constitucional.

Conviene recordar que los cuestionamientos de la oposición giran alrededor de tres cuestiones: la libertad de expresión, el principio de irretroactividad de la ley y la defensa del derecho de propiedad. No hace falta abundar en mayores consideraciones para advertir la calidad de los problemas planteados. No se trata de una observación menor, sino de temas medulares para una ley que amenaza con agravar el gran problema de la inseguridad jurídica en el país.

El oficialismo, entre tanto, ha logrado su primer objetivo con el apoyo de los legisladores de centro-izquierda. Una vez más, este sector político ha sido funcional a la estrategia del oficialismo, ya que comportamientos parecidos tuvo respecto de la estatización de las jubilaciones y de Aerolíneas Argentinas.

Ahora, el proyecto será tratado en Senadores a partir del próximo 7 de octubre. Es una buena oportunidad para que allí se brinde la información y se dé el debate que no pudo darse en la Cámara de Diputados. Los Kirchner saben que una ley de esta trascendencia no debería sacarse con fórceps, porque en esas condiciones el futuro es dudoso.

Lo ideal hubiera sido que se abriera el debate en serio y que, eludiendo la autoimpuesta tiranía de un plazo sin concesiones, los legisladores elegidos el 28 de junio pudieran participar de su tratamiento para ensanchar la base de sustentación.

Sin embargo, esto no es factible en el contexto de la guerra desatada por el gobierno contra el Grupo Clarín. Lo que se ve, en consecuencia, es una pulseada política para recuperar la autoestima lastimada el pasado 28 de junio, por la derrota electoral. Y el riesgo de que estas operaciones destruyan a nuestra endeble democracia.