La madre de todas las batallas
El dinero es mío, mío, mío
Mientras muñequea la ley de Medios, el gobierno busca estirar hasta 2011 el esquema fiscal con el que somete políticamente a las provincias. Cristina en Estados Unidos y acá el conflicto en Kraft.
Sergio Serrichio
CMI
A pesar de encontrar en el Senado algunos obstáculos a su intento de aprobación exprés del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al que Diputados ya dio media sanción, el gobierno mantiene la iniciativa frente a una oposición todavía incapaz de oponer una respuesta articulada a la estrategia legislativa oficial.
Así, en la semana que pasó, mientras la presidenta Cristina Fernández asistía en Nueva York a la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas y, en Pittsburgh, a la cumbre de presidentes del Grupo de los 20 (G-20), el kirchnerismo buscó avanzar en un frente clave.
No se trata, como algunos pueden pensar, de la llamada ley de Medios, sino de los planes para sancionar un presupuesto dibujado de modo que el Ejecutivo haga y deshaga sin rendir cuentas a nadie- en materia de gastos e ingresos públicos y se asegure hasta 2011 la vigencia del esquema fiscal sobre el que se asienta el poder kirchnerista.
Ciertamente, la ley de medios es importante. “Madre de todas las batallas”, la llamó el ex presidente Néstor Kirchner. Pero, aunque no se los presente en tonos épicos, el presupuesto y la nueva prórroga (por plazos más extensos) de varios impuestos de los que el gobierno se queda con la parte del león, son más relevantes para su sobrevivencia inmediata.
La primacía kirchnerista
Después del 28 de junio y tras un breve desconcierto, que incluyó un amago de desbande, el kircherismo mantuvo su primacía por dos motivos.
El primero fue la deserción de los aparentes ganadores de la contienda electoral. Carlos Reutemann fue presa de su lentitud y sus vacilaciones. Julio Cobos, aunque ponga cara de póker y cultive imagen, está maniatado por su rol institucional. El macrismo ratificó los problemas de identidad que había exhibido en la campaña. La Alianza entre radicales, coalicionistas y socialistas se despedazó. El PJ anti-K sigue huérfano de líder. Pino Solanas se arrimó, apenas pudo, al fogón kirchnerista.
Pero la razón de fondo de la vigencia del poder K es su capacidad de asfixiar financieramente a quien se le oponga. Lo saben los gobernadores de las provincias chicas, pero también los de las provincias grandes del país, incapaces de discutirle al gobierno no ya los porotos que corresponden a cada uno, sino incluso de hacer valer en el Congreso el peso de los legisladores de sus distritos.
Así, en vez de buscar un reparto menos desigual de los recursos tributarios, híperconcentrados en la Nación, las provincias van camino de contentarse con zafar por un par de años de algunos artículos de la ley de Responsabilidad Fiscal. La iniciativa, fogoneada entre sus pares por el gobernador mendocino Celso Jaque, fue introducida en Diputados por la secretaria legislativa del kirchnerismo, la también mendocina Patricia Fadel, y ya tiene la firma de 14 legisladores de 13 provincias y 6 agrupaciones políticas diferentes.
Básicamente, el diseño kirchnerista de aquí a 2011 es descargar sobre el interior el peso de un indudable, aunque todavía negado, ajuste fiscal, dándoles a cambio mayores márgenes de endeudamiento, que a su vez remachan la dependencia de las provincias respecto de la Nación.
¿País federal?
Para ilustrar el proceso de unitarización del país, bastan unas cifras. Desde el retorno de la democracia, los porcentajes promedio que fluyeron a las provincias en concepto de coparticipación federal de impuestos fueron: 56 por ciento durante la presidencia de Alfonsín, 43 por ciento durante las de Menem, 41 por ciento durante el bienio de De la Rúa y 31 por ciento (y tendencia bajista) en los años kirchneristas.
“Los valores actuales de coparticipación son los menores de los últimos 50 años y son incluso inferiores a los del final del proceso militar”, dice un reciente trabajo de Alieto Guadagni para la consultora Econométrica.
La llave maestra fue el creciente peso de tributos que la Nación no comparte, o comparte apenas, como las retenciones y el impuesto al cheque, que en el presupuesto 2010 dan cuenta del 22 por ciento de la recaudación.
Amén de escamotearle recursos a las provincias, la ley de leyes le deja al gobierno nacional varias vías de escape del lado del gasto. A través de autorizaciones incluidas en los artículos 44, 56 y 61, el Ejecutivo podrá aumentar sus erogaciones al doble del ritmo presupuestado: 25 vs. 12,3 por ciento.
¿Cómo lo financiará? Ahí tallan las gestiones del ministro de Economía, Amado Boudou, para lograr la reinserción financiera del país en el mundo. Si se puede, hasta con créditos del Fondo Monetario.
La efusividad con la que la presidenta Cristina Fernández saludó en Pittsburgh al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, horas antes de que la Policía terminara por la fuerza con la ocupación de la planta de la empresa norteamericana Kraft (ex Terrabusi) en la localidad bonaerense de Pacheco, tal vez sea más que una secuencia casual.
La ocupación ilegal de una planta o del espacio público es una práctica que ha ido demasiado lejos en nuestro país. Aunque entendible en situaciones límite o cuando la ejercen personas desesperadas, se convirtió primero en una práctica tolerada con resignación, fue luego promovida a favor de las fuerzas de choque kirchneristas, clientelares o sindicales- y condenada recién cuando la adoptaron los productores rurales durante la rebelión fiscal del campo o cuando, como en Kraft, la ejercen grupos ajenos al sindicalismo afín. Tampoco fue casual que, en el caso Kraft, el secretario de la CGT y socio político de los Kirchner, Hugo Moyano, condenara a la ultraizquierda.
Sucede que el discurso kirchnerista, de cierta eficacia cuando se trata de cuestiones que puede adornar con simbolismo, choca con su propia hipocresía cuando se acerca al núcleo de intereses y dinero.
Más allá de esas contorsiones, Boudou enfrenta problemas para rastrillar afuera el dinero que le falta adentro. Su promesa de darle credibilidad a las estadísticas oficiales chocó en las últimos días con otro papelón: la afirmación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de que en medio de la recesión, del aumento del desempleo y de la persistencia de la inflación, la pobreza sigue bajando a ritmo sostenido.
¿Cómo creerle a un gobierno que miente tan descaradamente?
