Restringió además las garantías constitucionales

Gobierno de facto en Honduras

clausuró a medios opositores

El régimen que encabeza Roberto Micheletti tomó militarmente las instalaciones del Canal 36 y Radio Globo, medios de difusión leales a Manuel Zelaya, y los sacó del aire.

Gobierno de facto en Honduras clausuró a medios opositores

La Policía hondureña decomisó los equipos de transmisión de la emisora Radio Globo hoy en Tegucigalpa, luego de que el gobierno de facto, mediante un decreto, ordenara el cierre de ése y otros medios.

Foto: AGENCIA EFE

 

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AFP-EFE-Télam

El gobierno de facto de Honduras clausuró hoy la radioemisora Globo de Tegucigalpa, uno de los últimos medios opositores al régimen que funcionaban en el país, tras un decreto que restringe las libertades públicas dado a conocer anoche.

Una veintena de policías antimotines y militares tomaron el edificio en que se encuentra alojada la radioemisora, a eso de las 5.30 (hora local) y sacaron la señal del aire, sin que encontraran resistencia, dijo el periodista Carlos Paz que trabaja en ese medio de comunicación.

Paz agregó que hasta el momento no se había logrado localizar telefónicamente al director de la radio, David Romero.

Luego del ingreso, los policías comenzaron a retirar materiales y equipos del edificio de la emisora, ubicado en el céntrico bulevar Morazán.

Radio Globo ya había sido cerrada por el régimen los primeros dos días tras el golpe de Estado que depuso al presidente constitucional Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio.

El canal de televisión 36, que también mantenía una línea de oposición al gobierno, se encuentra rodeado por militares y la señal está fuera del aire, aunque no está confirmado si las instalaciones fueron allanadas.

Anoche, el gobierno de facto oficializó un decreto que restringe la libertades públicas con el propósito de contrarrestar las actividades del movimiento que busca el retorno de Zelaya a la Presidencia.

El decreto autoriza “impedir la emisión por cualquier medio hablado escrito o televisado, de manifestaciones que atenten contra la paz y el orden público”, o que “atenten contra la dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales”.

Decreto “ilegal”

El decreto ejecutivo fue aprobado el pasado martes y publicado el viernes en el diario oficial La Gaceta, pero recién el domingo fue conocido por los medios de comunicación, según reportó la agencia italiana Ansa.

Constitucionalistas hondureños consideraron que el decreto, antes de ser publicado en La Gaceta, debió ser aprobado por el Congreso Nacional, por lo que su vigencia “es ilegal”.

En el decreto se ordena “detener a toda persona que sea encontrada fuera del horario de circulación establecido (por el toque de queda) o que de alguna manera se presuma como sospechosos por las autoridades policiales y militares de causar daños a las personas o sus bienes”.

También prohíbe “toda reunión pública no autorizada por las autoridades policiales o militares” y establece que las Fuerzas Armadas apoyarán, conjunta o separadamente, a la Policía nacional, “debiendo poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad pública”.

“La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o sistemas de cable que no ajusten su programación a las presentes disposiciones”, impone el decreto.

El régimen de facto considera en el decreto que algunos canales de televisión y radios “están utilizando sus frecuencias autorizadas para generar odios y violencia contra el Estado, perturbando la tranquilidad nacional, llamando a la insurrección popular y dañando sicológicamente a su auditorio”.

El presidente Zelaya, derrocado el 28 de junio por un golpe de Estado, continúa refugiado desde el lunes pasado en la Embajada de Brasil, y desde allí dijo que el pueblo hondureño no debe acatar las restricciones de las garantías constitucionales establecidas por Micheletti, porque son ilegales y el Congreso Nacional está obligado a dejar sin efecto dicho decreto.

 


Posición española

El ministro del Exterior español, Miguel Ángel Moratinos, reiteró hoy que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no reconocerá al gobierno hondureño de Roberto Micheletti y seguirá apoyando al presidente Manuel Zelaya.

“No vamos a reconocer al gobierno de facto”, manifestó Moratinos en una entrevista con Radio Nacional de España (RNE) cuyos párrafos principales fueron reproducidos por DPA.

El gobierno de Rodríguez Zapatero pretende que su embajador en Honduras, Ignacio Rupérez, retome “cuanto antes” su trabajo en Tegucigalpa pese al rechazo del Ejecutivo de Micheletti, dijo el jefe de la diplomacia española.

El gobierno de facto hondureño ha exigido a España que proponga el restablecimiento de relaciones diplomáticas para aceptar la presencia del embajador español.

Francia denuncia ataques contra las libertades públicas

El gobierno francés denunció hoy los “nuevos y graves” ataques contra las libertades públicas, previstos en el decreto del gobierno de facto de Honduras que suspende las garantías constitucionales en ese país.

Ese decreto de las autoridades de facto contiene importantes restricciones a “las libertades de circulación, reunión e información”, declaró hoy a la prensa un portavoz del Ministerio galo de Exteriores. Francia “deplora” también la expulsión de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) “que debía abrir la vía a un nuevo esfuerzo de mediación del secretario general de la OEA (José Miguel Insulza)” en vistas de poner fin a la crisis política hondureña.

El gobierno francés ha difundido una declaración en la que insta a las autoridades del gobierno de facto de Honduras a que respeten la “inviolabilidad de los locales diplomáticos” y condena los “actos de intimidación” contra la sede de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, en la que se refugia desde hace una semana el depuesto presidente, Miguel Zelaya. Por todas estas razones, añadió el portavoz, Francia sigue con “gran preocupación” la evolución de la situación política en el país centroamericano.