El candente tema del aborto

Guillermo Villarreal

(DyN)

La ministra de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay reabrió la polémica sobre la despenalización del aborto, al promover un cambio legislativo en torno de la interrupción del embarazo, y cosechó el inmediato repudio de la Iglesia Católica, que considera esa práctica “moralmente inaceptable”. Los obispos califican de “inicua” toda legislación para justificar el aborto, por entender que atenta contra la vida, el primer derecho humano. También la rechazan por enmarcarse en una campaña -advierten- para “instaurar un nuevo orden moral” en la Argentina.

Frente a lo que la Iglesia interpreta como un embate de los jueces y los parlamentarios para legalizar el “crimen” del aborto, organizaciones católicas y los propios obispos alientan a “resistir” y hasta proponen una “desobediencia civil”, en el caso de sancionarse leyes en este sentido. El argumento eclesiástico es que se trata de normativas contrarias al orden natural, e inconstitucionales, por existir acuerdos internacionales -con rango constitucional- que tutelan la vida humana desde el instante de la concepción. La opinión de Argibay puso en alerta máxima a la Iglesia, sobre todo -explicaron- por “criminalizar” la postura a favor de la vida de los obispos, por lo cual ya se prepara una suerte de contracampaña de concientización sobre el estatuto jurídico del embrión.

El siempre controversial arzobispo Héctor Aguer (La Plata) calificó de “grave” las afirmaciones de la magistrada, en particular por haberlas realizado en un encuentro en Córdoba, organizado por Católicas por el Derecho a Decidir, grupo al que desautorizó como “católicas” por “proclamar el derecho de una madre a asesinar a su hijo”. Otro que rechazó que una jueza de la Corte promocione el libre debate sobre “el derecho a abortar” fue el obispo Miguel Esteban Hesayne, una de las pocas voces eclesiásticas que se levantó contra los crímenes atroces de la dictadura militar. “Me aterra que en la Argentina actual, el genial y sabio “Nunca Más’ no haya llegado a erradicar el nefasto principio de que el fin justifica los medios. Principio que aniquiló vidas humanas. Y ahora lo aplican los promotores del aborto para justificar la muerte legalizada en el seno materno, que es el aborto provocado”, sentenció el obispo. El prelado llegó a considerar al aborto como “un delito de lesa humanidad”, por violar un derecho humano fundamental.

Antes de sentarse en el máximo tribunal, la nominación de Argibay mereció impugnaciones por parte de la Iglesia, por su autoproclamada condición de “atea militante”. Argibay exhortó a los legisladores a tratar los proyectos de despenalización del aborto, porque afirmó que éste “es un problema de mujeres jóvenes, pobres e ignorantes” que no acceden a la educación ni a los métodos anticonceptivos. La magistrada negó ser abortista o defender el aborto, pero calificó como “una tragedia” que miles de mujeres pobres mueran como consecuencia de prácticas clandestinas, y cuestionó que los proyectos, algunos con sanción de Diputados, no se traten por “una cantidad de influencias terribles”, en alusión a la Iglesia. La polémica se reavivó además porque Argibay se hizo eco de los resultados de las consultas telefónicas a una línea gratuita creada por una ONG para dar información sobre la interrupción farmacológica del embarazo. Experiencia que reveló que “cada 30 minutos una mujer llama” para saber cómo abortar.