/// análisis

 

José Luis Pagés

La Banda de la Costa está armada y anda suelta. El cruento ataque a un establecimiento rural de Arroyo Leyes en la madrugada del último sábado, confirma la sospecha.

Sólo la muerte _de un fruticultor boliviano y las graves heridas sufridas por su hijo_, diferencia este último golpe de otros _incruentos, pero no menos violentos_ , perpetrados a lo largo de los últimos meses en perjuicio de los vecinos de la Ruta 1.

En ese lapso, entre Colastiné y Arroyo Leyes, varios hombres encapuchados sorprendieron por la noche al paisajista Rappaport, igual experiencia vivió el maderero Morini, el vecino Romero, al ex dirigente deportivo De Santis y otro tanto intentaron hacer con el arquitecto Nazer. También una noche resultó destruido, en frustrado intento de robo, el cajero automático de San José Rincón, entre otras cosas.

La mayoría de los nombrados fueron reducidos mientras dormían y sus pies y manos fueron atados con precintos plásticos. A los cuatro los golpearon brutalmente, también los torturaron psicológicamente, en algunos casos amenazando la vida de las mujeres y los niños de la casa.

Siempre los encapuchados huyeron llevándose con ellos el dinero y las camionetas de las víctimas, vehículos que habrían de aparecer abandonadas en nuestra ciudad, cerca del puente Colgante o en la avenida Costanera, sin rastros de sus ocupantes, entre otros detalles coincidentes.

Luego, la novedosa modalidad delictiva _en forma de golpes comando_, alarmó a los vecinos, al punto que fueron muchos los que decidieron acudir a la policía para que le garantizara un mínimo de seguridad. Todos se sentían inseguros, amenazados, desprotegidos.

Hubo promesas primero y algunas respuestas, oficialmente difundidas, que llevarían a pensar que el grupo había sido desmantelado con las sucesivas capturas de sus miembros. Pero nada de eso es creíble ahora, a la luz de lo ocurrido el último sábado en Arroyo Leyes.

Como suele suceder, del episodio registrado a las tres de la mañana recién se tendría noticia por vía oficial a las siete y media de la tarde. Además, muchas fueron las dudas que sembró la escueta comunicación de la URI.

Más confusa se tornaría la situación cuando las respuestas verbales a los interrogantes periodísticos llevaron a pensar en un enfrentamiento entre familias bolivianas y chaqueñas por la posesión de tierras de cultivo.

Recién esta mañana, cuando los Cuevas se disponían a despedir al jefe de familia vilmente asesinado pudimos saber por ellos mismos, también por boca de otras víctimas del atraco, cuál fue la inusitada dimensión que alcanzó este nuevo episodio criminal.

Incansables y ejemplares trabajadores de la tierra permanecían doblados por el dolor en torno al Cementerio de San José del Rincón a la espera del arribo del cortejo y José Farfán, primo del infortunado Cuevas, resumió la impresión de todos ellos, en su mayoría ciudadanos bolivianos que se sienten olvidados, sino señalados o apartados.

Ahora, sin seguridad, también se saben librados a la mano de Dios, como cualquiera en la región, pero además discriminados. Sólo esa dolorosa certeza puede explicar que al desesperado pedido de auxilio de los Cuevas respondiera la Policía santafesina con el envío de un solo patrullero, recién una hora después de consumada la cobarde agresión.