La semana política

Déficit de credibilidad

El gobierno sigue anotándose triunfos tácticos, pero también recibiendo señales adversas al “relato” oficial. La campaña en tribunales y los dilemas de Boudou.

Sergio Serrichio

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CMI

Sin oposición eficaz por delante, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue avanzando en su agenda legislativa, aunque en los últimos días recibió alertas en los frentes social y judicial y constató que, en materia internacional, sigue inspirando muy poca confianza.

La aprobación del dictamen del Senado, sin cambiar una coma del texto con el que Diputados dio media sanción al proyecto oficial de “Servicios de Comunicación Audiovisual”, fue sin duda un éxito kirchnerista.

Tuvo, además, los condimentos usuales: presión de la Casa Rosada, urgencia, determinación de no conceder ni un tranco de pollo a las propuestas de la oposición, aunque éstas vayan en línea con el declamado propósito oficial de “democratizar la palabra” y corrijan obvias fallas normativas, tanto de forma como de contenido.

Semana intensa

A partir del lunes, se verá si el bloque oficialista cuenta realmente con los votos necesarios para sancionar la ley no sólo “en general”, sino también mantener inalterados, en las votaciones “en particular”, varios artículos criticados por sus aliados legislativos e incluso por legisladores del palo, como el jujeño Guillermo Jenefes, que el jueves destrabó el avance del proyecto, pese a tener con él disidencias de fondo.

Jenefes dijo que no quería tomar “de rehén” a su propia bancada. La explicación tiene sentido político. Salvo los casos de borocotización (incluido el que dio origen al neologismo) a su favor, el kirchnerismo hace culto de la “disciplina partidaria”. O de la disciplina a secas. El senador jujeño olvidó, sin embargo, que también fue elegido por el pueblo de su provincia, al que en definitiva debe rendir cuentas.

El caso es que el proyecto avanzó, y la votación del jueves en el Senado volverá a poner a prueba la (¿falta de?) sagacidad y temple de los numerosos bloques de oposición.

Señales inquietantes

Pero mientras esas cuestiones se dirimen voto a voto, la realidad se sigue escapando del discurso oficial.

En la semana que pasó, una señal al respecto fue la decisión de la jueza electoral, María Romilda Servini de Cubría, de asumir la investigación de los aportes a la campaña electoral, al cabo de la cual Cristina Fernández y Julio Cobos fueron elegidos, respectivamente, presidenta y vicepresidente de la República.

La trama de droguerías ad-hoc, obras sociales y hospitales-fachada, remedios truchos, sindicalistas corruptos y “empresarios” exitosos y súbitamente ricos, contralorías y superintendencias que no controlan y una campaña electoral con fuerte olor a medicamento, apunta a una de las especialidades del delito moderno: el lavado de dinero.

Que luego de denunciar el hallazgo de micrófonos de escucha en su propio despacho (que se suma a la previa desaparición de papeles sobre investigaciones conexas), Servini declare de modo desafiante que no se va a dejar “intimidar”, es por demás de sugerente.

Servini ha sido y es una jueza sensible a los vaivenes políticos. Así como en 2005 intervino el PJ a favor de los Kirchner (entonces, colocó de interventor del partido a Ramón Ruiz, diputado kirchnerista que allanó la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia del antes denostado “pejotismo”), ahora podría hacerlo para remover el avispero.

En guardia

Que la ventilación de las irregularidades financieras de la campaña 2007 puso en guardia al kirchnerismo se evidenció el lunes pasado, cuando se conocieron los informes sobre el financiamiento de las campañas a las elecciones legislativas del 28 de junio pasado, incluida la que Néstor Kirchner perdió en Buenos Aires pese a colgarse de las candidaturas “testimoniales” de Daniel Scioli, Sergio Massa y una cuarentena de intendentes que no pudieron salvarlo del naufragio.

El proselitismo kirchnerista, antes pletórico de cheques con firmas y orígenes dudosos y rico en sabores medicinales, pasó de una campaña a otra a financiarse con generosidad militante: decenas de funcionarios que aportan hasta 20.000 pesos de su bolsillo, y ni lo recuerdan, y hasta asistentes administrativas que ponen miles de pesos, como si nada.

Política y tribunales

El entrevero de las campañas K tiene otros ingredientes políticos y judiciales. Entre los primeros figuran la eyección -ya ocurrida- de dos funcionarios del área de Salud del gobierno bonaerense y la reciente decisión de Daniel Scioli de formalizar su renuncia a la banca legislativa que “ganó” en junio, para desactivar de una vez la presión kirchnerista para que abandone la gobernación.

Del lado judicial cabe anotar la impugnación del juez Norberto Oyarbide, el juez que investiga el escándalo de los medicamentos, planteada por Juan José Zanola, el eterno sindicalista bancario, antes menemista, hoy kirchnerista. Tarde o temprano, en el tema tallará el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo tiene dos notables espadachines: el diputado Carlos Kunkel y la diputada Diana Conti.

Pero he aquí que el marido de Conti, Enrique Dratman, es socio de Cofeme, una de las droguerías sospechadas en el escándalo, junto a Néstor Vázquez, un inquieto oncólogo y emprendedor, socio a su vez de Néstor Lorenzo, el hombre más comprometido de la investigación y señalado por la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, como “el Yabrán de los medicamentos”.

Agitación

Las otras señales desafinadas de la partitura oficial son la continuidad de la agitación social, que se hizo muy visible con el caso de la empresa norteamericana Kraft, y las dificultades del ministro de Economía, Amado Boudou, para avanzar en sus planes de “reinserción financiera”. El caso Kraft (empresa que años absorbió a su connacional National Biscuit Company, Nabisco, que en los años menemistas se había hecho de Terrabusi), con su secuela de despidos, fábrica tomada, piquetes de tránsito, desalojo violento y reincorporaciones parciales, muestra que, con tanto desempleo y angustia social, al kirchnerismo le cuesta cada vez más controlar la calle, pese a que detesta, como nunca, que lo corran por izquierda.

Boudou, en tanto, se las ve en figurillas para convencer a sus pares del mundo desarrollado de que el gobierno que integra es digno de crédito. La hiperconcentración de los recursos fiscales en un Estado de hecho cada vez más unitario tiene a las provincias al borde de la asfixia, pero no alcanza para financiar el Estado K.

El ministro sabe que ni el renacido apetito de los inversores internacionales por los mercados emergentes le alcanzará para financiar un gasto desbordado, y no precisamente para combatir la pobreza. Sucede que el principal déficit no es de dinero, sino de credibilidad.

Tratamiento

El Frente para la Victoria consiguió una mínima diferencia de ocho firmas, sobre un total de 15 miembros, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, gracias a que dos senadores -el jujeño Guillermo Jenefes y el chubutense Marcelo Guinle- dieron su apoyo con disidencias parciales.

En otras dos, Medios de Comunicación, e Industria y Comercio, el kirchnerismo llegó a 9 respaldos, con una disidencia del mismo Jenefes, mientras los opositores, en particular radicales con sus aliados próximos y el justicialismo disidente, debaten si el lunes o martes presentan un texto común.

El kirchnerismo pidió que el despacho favorable a la norma fuera suscripto pocos momentos después de que el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, acusara a los grupos de empresas periodísticas en un recinto vacío de opositores.

Mariotto elogió el “coraje” de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por impulsar una nueva ley “de la democracia”, pese a las críticas que se le hacen a su gestión desde la prensa. “Como dice el diputado (Julio) Piumato, si la presidenta hubiera hecho lo que ellos quieren que haga, hoy sería tratada como la reina consorte”, afirmó.