EDITORIAL

Un tarifazo en el peor momento

Los reclamos ante la Justicia por parte de organizaciones defensoras de consumidores, instituciones de bien público, legisladores opositores o simples ciudadanos contra el denominado “tarifazo” energético decidido por el gobierno nacional, colocarán a los jueces ante un verdadero dilema.

No hay duda de que el incremento de las tarifas de luz y gas en el orden del 300 por ciento justifica la protesta, máxime en un ciclo de vacas flacas. No obstante, el problema de fondo existe, más allá de la brutal actualización realizada por el gobierno luego de desoír durante años las sugerencias de una progresiva adecuación de los precios de los servicios a los imperativos de la realidad.

En cualquier caso, el resultado no es atribuible al propósito de los Kirchner de privilegiar una alianza con las clases media urbanas en detrimento de las empresas proveedoras de energía. El argumento oficial consistió en sostener que estas empresas habían ganado demasiado durante los ‘90, motivo por el cual debían reducir sus márgenes de beneficio en nombre de la paz social.

La consecuencia fue obvia: las empresas, afectadas en sus ingresos, restringieron sus inversiones. Así, se redujeron las reservas aprovechables, se deterioraron las plantas generadoras de electricidad y se degradaron instalaciones y equipos que integran los sistemas de distribución. Todas las advertencias que se hicieron para corregir a tiempo esta realidad fueron en vano.

La situación llegó a un punto en que se hizo insostenible, y por lo tanto no quedó otra alternativa que decretar el impiadoso aumento que sincera los precios, llevándolos a niveles próximos a lo que hoy pagan -por ejemplo- los consumidores de San Pablo o Santiago de Chile. Esta abrupta normalización significa la recuperación de fondos por parte del Estado, y el fin de un fuerte subsidio a consumos de las clases media y alta. En rigor, no hay razones para que estos sectores los reciban. Lo absurdo es haber estirado tanto la situación. Y lo grave es castigarlos ahora, de golpe y sin miramientos, con un tarifazo que impactará duro en los bolsillos, afectará la actividad comercial privada y detonará protestas y conflictos.

Se entiende que los anuncios hayan provocado la reacción airada de los vecinos. Muchos de ellos, aprovechando las tarifas baratas, compraron artefactos eléctricos, como acondicionadores de aire por ejemplo, que son grandes consumidores de energía.

De todos modos, mucho más grave, injusto y paradójico es que los sectores de bajos recursos hayan estado abonando el gas -consumido en garrafas- a precios muy superiores a los que pagaban las clases media y alta por el servicio de gas natural.

Sería deseable, por lo tanto, que la oposición política se haga cargo de la magnitud del problema y del consiguiente deber de responsabilidad a la hora de tratar este tema en el Congreso. Ya no hay margen para una salida sencilla. Pero queda la alternativa civilizada de buscar una solución medianamente equilibrada.