Diputados modifica la norma vigente
Apuesta al software libre
Los cambios votados en la norma actual propician la independencia tecnológica y el desarrollo local. También fija un plazo al Estado para la migración al sistema.
Mario Cáffaro
“El Estado posee diversas razones, políticas y técnicas, para avanzar en la implementación de software libre: independencia tecnológica, seguridad y autonomía en el manejo de la información pública, circulación interna de la inversión y promoción de la investigación y desarrollo de la industria del software a nivel local, con la consiguiente generación de trabajo genuino y producción con alto valor agregado”. Lo señaló el diputado Pablo Javkin (ARI) al fundamentar una serie de cambios votados en la Cámara Joven a la ley 12.360 de empleo de programa o software en la administración pública provincial.
El tema fue votado el último jueves -por unanimidad- tras los despachos de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, que analizaron sendas iniciativas del kirchnerista Gerardo Rico y de Javkin, quien se encargó de fundamentar los cambios en el recinto antes de la votación.
La norma apunta al uso de software libre en la administración pública santafesina. “El espíritu de la ley consiste en la implementación de políticas de incorporación y gestión de software que garanticen soberanía, seguridad de datos, desarrollo de la industria local y el libre acceso ciudadano a la información pública ofrecida en formatos digitales” explicó el arista.
Los autores entienden que en Argentina -a diferencia de otros países latinoamericanos- la decisión sobre la adopción de software libre por parte del Estado es todavía una deuda pendiente.
Generalmente los programas que se utilizan son adquiridos a través de una licencia que exige el pago para sus renovaciones. En cambio, el software libre puede ser gratuito o pago en primera instancia, y según Javkin respeta cuatro libertades del usuario. Las enumeró como libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito; de estudiar cómo trabaja el programa y cambiarlo para que haga lo que necesitamos que haga; de redistribuir copias para que puedan ayudar a otros, así como a mejorar el programa y publicar sus mejoras y versiones modificadas en general, para que se beneficie toda la comunidad.
“Al emplear formatos cerrados en la administración pública se genera una dependencia tecnológica, en la que el proveedor está en condiciones de dictar unilateralmente términos, plazos y precios” explicó el legislador para luego remarcar que al adquirir las licencias, el Estado “pierde en parte el control de la seguridad en su procesamiento y administración. Estas empresas licenciatarias son generalmente extranjeras y monopólicas y la dependencia impide que nos aseguremos la autonomía en materia de información y la posibilidad de construir respuestas locales a las necesidades locales” acotó.
Por otra parte, destacó que el sistema beneficia la economía regional dado que las licencias libres le otorgan al gobierno el derecho a contratar servicios con profesionales y empresas de la región.
Alcances de la reforma
La provincia dictó en noviembre de 2004 la ley Nº 12.360 sobre software libre, respecto de la cual propusieron modificaciones en sendos proyectos Rico y Javkin. “La ley vigente la entendemos incompleta y no ha promovido una efectiva migración. Una ley de este tipo debe promover la incorporación de tecnología, teniendo en cuenta la autonomía, transparencia y el desarrollo. Es decir, expresión de un Estado provincial que promueve la democratización en el acceso a nuevos lenguajes y herramientas para reducir la brecha digital, impulsor de la sociedad del conocimiento en nuestro país”, acotaron.
El texto votado modifica todos los artículos de la ley vigente y agrega nuevos. En tanto, en las disposiciones transitorias fija un plazo de 180 días para realizar un inventario de todos los implementos informáticos que requieren para su funcionamiento, y en dicho plazo el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado debe presentar un plan ordenado de migración.
El proyecto girado al Senado crea además el “laboratorio de software libre” en el Ministerio de Gobierno, para investigar productos en base a los requerimientos de la gestión, pudiendo para ello realizar convenios con universidades, empresas y otros actores involucrados en la problemática.
