Hay unas 200 en actividad en la ciudad

Censarán a las industrias y comercios que funcionan con uso no conforme

El objetivo del municipio es actualizar la información para ordenar las habilitaciones. Luego, se enviará un mensaje al Concejo para adecuar la legislación. La encuesta consta de unas 100 preguntas, pero sus fines no son sancionatorios.

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Como la iniciativa es un viejo reclamo de la Unión Industrial, e incluye también a comercios, autoridades de las entidades que los nuclea, estuvieron hoy en la conferencia de prensa, junto a los funcionarios municipales que anunciaron el censo. Foto: Amancio Alem.

 

De la redacción de El Litoral

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La Municipalidad comenzará a censar esta semana a unas 200 industrias y comercios que están radicados en distintos barrios de la ciudad bajo la modalidad de uso no conforme. El objetivo es recabar información precisa de las distintas actividades que se encuentran restringidas por el Reglamento de Zonificación, para luego comenzar a ordenar las habilitaciones y permisos de radicación.

La encuesta tiene unas 100 preguntas, a través de las cuales la Subsecretaría de Industrias buscará conocer nuevos parámetros de funcionamiento, más allá de la actividad y la zona en que la realiza. Así, por ejemplo se preguntará sobre los consumos energéticos y aspectos edilicios, como conexión a distintos servicios, superficie que ocupan, si cuentan o no con espacios para transferencia de cargas, estacionamiento para clientes y módulos de carga y descarga. También se relevarán las medidas de seguridad incorporadas y la generación de ruidos y efluentes para evaluar el impacto que cada empresa genera en el entorno.

Estará a cargo de dos pasantes contratados por el municipio para esta tarea específica, quienes previamente concertarán una entrevista con los empresarios. Según se ha estimado, la realización de la encuesta demorará unos 30 minutos.

En total hay registradas unas 500 firmas con uso no conforme, pero 300 están “inactivas” por múltiples causas. Puede ser que hayan iniciado el trámite de baja, o que desde hace 12 meses no paguen el Derecho de Registro e Inspección. Por eso, en esta etapa se intentará recabar información de 200 empresas, a un ritmo de unas 10 por día, dependiendo de la respuesta de los titulares, para llegar a fin de año con la información actualizada.

Caso por caso

“Durante años se han intentado soluciones globales a este problema. Lo que pretendemos ahora es contemplar caso por caso para ver por qué tienen un uso no conforme y si pueden obtener la habilitación que corresponde”, explicó el secretario de la Producción, José María Chemes.

El subsecretario de Industrias, Sebastián Fumis, informó que en la actualidad el sistema de habilitación sólo contempla el lugar de las actividades y lo vincula con un nomenclador municipal regido por el Reglamento de Zonificación y los denominados cuadros de uso según actividades. Para aquellos casos que no son encuadrados en ninguna de las alternativas es posible obtener, vía Concejo Municipal, una habilitación por uso no conforme, que sufre un incremento del 50 % del DReI y de la Tasa General de Inmuebles.

“No se tiene en cuenta ningún otro parámetro que mida, por ejemplo, la tecnología que usa o la inversión realizada para mitigar ruidos”, señaló Fumis. Y apuntó un ejemplo: “Hay carpinterías que tienen tecnología de punta y generan menos ruido que otras; pero esto no está contemplado en la ordenanza que trata a todas por igual y, por ende, necesitan uso no conforme”.

Otro caso de disparidad es el de las industrias textiles que tienen restricciones: “Da lo mismo si tienen dos mujeres cociendo en su casa o 30 empleados, usan energía trifásica y camiones que todos los días descargan mercadería. Sólo se considera la actividad y la zona y no hay una manera de medir el impacto. Lo que queremos es conseguir esos otros datos para tener un nuevo esquema de habilitación y de encuadre de las empresas que se quieran radicar en la ciudad”.

Por último, Fumis pidió “la colaboración de los contribuyentes” y aclaró que “la información no se usará con fines fiscalizadores”.