Mediante un pedido de informes
Peirone cuestionó los alcances de
una nueva resolución de la API
Es la Nº 37 del corriente año, que entrará en vigencia a partir de diciembre. La norma amplía el ámbito de aplicación del impuesto de Sellos. Lo considera atentatorio de diversas leyes, entre ellas la de coparticipación.
De la redacción de El Litoral
El diputado justicialista Ricardo Peirone advirtió que la API “genera legislación sin tener facultades legales para hacerlo” y puso como ejemplos concretos las resoluciones 32 y 37 del corriente año. “No debe haber tributo sin ley” , insistió el rafaelino al presentar un nuevo pedido de informes hacia el órgano encargado de la administración tributaria de la provincia.
En la última sesión, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda requiere saber si la API, en oportunidad del dictado de la resolución 37/2009 sobre impuestos de Sellos evaluó que en su artículo 3, “vulnera el sentido y el alcance de las normativas del Código Fiscal y de la ley provincial que aprueba la coparticipación de impuestos y al mismo tiempo contraría numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Dicho artículo amplía el ámbito de aplicación de Sellos a todo acto, operación o contrato gravado cuyo cumplimiento se haya verificado, aun cuando no cuente con instrumento alguno desde el punto de vista formal.
La citada resolución fue publicada el 19 del corriente en el Boletín Oficial y entrará en vigencia el 1º de diciembre de este año incorporando un régimen de retención y percepción de Sellos para una serie de personas o entidades incluidas en anexos de la misma resolución.
Según Peirone, la resolución “pretende modificar la naturaleza del Impuesto de Sellos transformándolo en un impuesto sobre las operaciones económicas, haya o no instrumento. La imposición en Sellos está estructurada, en todos los códigos provinciales, sobre la noción de instrumento, bajo cuyo tenor se somete la imposición a actos jurídicos instrumentados, con excepción de las denominadas operaciones monetarias realizadas con entidades de la ley 21.526”.
El legislador afirmó que innumerables fallos de la Corte han convalidado la no gravabilidad de los denominados contratos de aceptación tácito o entre ausentes, donde no existe un instrumento entre ambas partes sin un mecanismo de oferta y aceptación tácita.
Al presentar el pedido de informes, Peirone insistió en que “no debe haber tributo sin ley” y advirtió sobre las consecuencias económicas que la resolución de API podría tener para con la provincia en un futuro. Semanas atrás, el mismo legislador logró la aprobación de otros pedidos de informes también referidos a API y que apuntan al uso del Sicreb.
Pan sin Ingresos Brutos
Por otra parte, Peirone presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es disminuir el precio de venta del pan común. La iniciativa consiste en una exención, no a toda la cadena productiva, sino a un producto específico como es el pan común de hasta 8 piezas por kilogramo.
“Es inexplicable la presión tributaria sobre el consumo de productos de primera necesidad como en este caso en la industria de la panificación, el cobro del impuesto a los Ingresos Brutos en la comercialización del pan común”, señaló.
Ricardo Peirone, con un planteo legal.
Foto: Mauricio Garín
Solicitan detalles del déficit provincial
La Cámara de Diputados votó un pedido de informes de 11 puntos presentado por los justicialistas Mario Lacava y Silvina Frana dirigido al Ministerio de Economía sobre el déficit de las cuentas públicas provinciales al 31 de julio último.
Entre los puntos principales exige conocer en detalle y stock de la deuda pública y el porcentaje de ejecución de la obra pública, por jurisdicción, a esa fecha. Además, el saldo de las cuentas corrientes del Tesoro provincial y plazos fijos de rentas generales y Fondo Unificado de Cuentas Corrientes Oficiales (Fuco); monto total, disponible y utilizado del Fuco.
Otro punto refiere a la deuda del gobierno nacional en concepto de financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones; masa salarial mensual discriminada por escalafón, incluyendo las autoridades superiores, a diciembre de 2007 y a junio de este año; desagregación de la planta permanente y temporarios de empleados a ambas fechas así como cantidad de contratados por jurisdicción y desagregados por año de ingreso. El último punto refiere a los gastos de publicidad y propaganda por jurisdicción en los ejercicios 2007, 2008 y en los primeros siete meses del actual.
En tanto, la diputada Alejandra Vucasovich expresó que “la realidad de nuestra provincia nos marca que Santa Fe tenía superávit y los números ordenados, más allá de que los funcionarios del socialismo quieran demostrar algo irreal. Los presupuestos 2008 y 2009 han sido subejecutados en lo que respecta a obra pública, salud y otras áreas. En este 2009, nosotros pretendemos que nos expliquen de dónde salió el déficit, para después empezar a charlar sobre qué impuestos quieren tocar”.
La legisladora consideró “una barbaridad compararse con otras provincias. He escuchado también que las empresas cordobesas se vienen a inscribir aquí porque los impuestos son muy baratos, pero no sabemos de ningún caso para ejemplificar eso y no hay ninguna política de fomento industrial como para que las empresas quieran venir a Santa Fe”.
