Denuncia por irregularidades
Allanaron la Dirección Provincial de Vialidad
El Sindicato de Trabajadores Viales acusó al ingeniero Jorge Placenzotti de haber adjudicado la obra de defensas del río Salado, en los tramos I y II -Terraplén Irigoyen-, sin haber respetado los pliegos de la licitación. La Justicia secuestró documentación.
El director de Vialidad recibió ayer al fiscal Jorge Andrés, en el edificio de Bv. Muttis 880.
Foto: Archivo El Litoral
De la Redacción de El Litoral
Una investigación judicial iniciada por el fiscal Nº 7, Jorge Andrés, derivó en el allanamiento, con secuestro de documentación, en el edificio donde funciona la Dirección Provincial de Vialidad. El 14 de septiembre pasado, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de la provincia, Eduardo García, denunció al administrador, Jorge Placenzotti, por supuestas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra de defensa del río Salado, en sus tramos I y II, denominado Terraplén Irigoyen.
El fiscal Andrés se trasladó ayer por la mañana hasta las oficinas de bulevar Mutis 880, desde donde retiró “unos siete u ocho expedientes administrativos”, relacionados con los pliegos licitatorios y las obras cuestionadas, indicó una fuente del caso. La medida adoptada fue a consecuencia de un “requerimiento de instrucción positivo”, solicitado al juez de Instrucción Octava, Jorge Patrizi, “para verificar los extremos de la denuncia, si es que tiene algún asidero”, refirieron fuentes tribunalicias.
Asimismo aseguraron que el ingeniero Placenzotti en persona recibió al fiscal y le facilitó la documentación solicitada.
Si bien “es un tema importante, de trascendencia púbica”, se estima que el fiscal Andrés podría tener novedades recién dentro de un mes, y no se descarta que se convoque a peritos, especializados en la materia, para que analicen la prueba.
La licitación
En el escrito presentado en Tribunales, el representante sindical hace referencias a “denuncias periodísticas” y a información documental “que anónimamente recibimos”; y acusa a Jorge Placenzotti por el “presunto delito de estafa, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Los cargos se remiten al 15 de agosto de 2007 con la “apertura de la licitación pública de la obra Protección de taludes de la defensa contra inundaciones del río Salado tramo I y II”, vulgarmente conocido como Terraplén Irigoyen.
En aquella oportunidad una comisión evaluadora aconsejó la adjudicación de la obra a la empresa UTE: Coemyc SA-Coripa SA por $ 26.249.200. Pero el administrador de Vialidad desestimó la propuesta y otorgó la obra a la UTE “mejor posicionada económicamente” ($25.462.587,12).
Finalmente la ganadora del pliego fue la firma Mercovial SA-Ángel Boscarino Construcciones, la misma que la comisión evaluadora había descartado “por falta de antecedentes” y porque “pretendió hacer valer una subcontratación” en la que se invocaba a la empresa Defferrari SA, que “poseía los antecedentes” reclamados por el organismo público.
La subcontratista
Según sostuvo García en su presentación judicial la empresa Defferrari SA “no fue convocada ni subcontratada” para hacer la tarea específica, hecho que la firma notificó al administrador mediante nota del 3 de abril de 2009. Además, Defferrari dejó constancia de la “maniobra que intenta realizar la UTE contratista de la obra”.
En síntesis, el Sindicato de Trabajadores Viales afirma que “se está ejecutando una obra distinta a la prevista en el pliego” licitatorio y que “no se respetaron los antecedentes que debían tener los proponentes”.
Además pusieron de relieve que la contratación sufrió un cambio de diseño que habría implicado el uso de otros materiales, que a su vez implica un mayor costo de la obra y una reducción del tramo de ejecución en un 57% menos -2.650 metros- en el tramo I, mientras que el tramo II estaría comprendido en un 100%.
