A pedido del gobierno
Diputados aprobó cambios al Monotributo y a Emergencia
De la Redacción de El Litoral
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que establece cambios al régimen de Monotributo y la prórroga de la Emergencia Económica, que establece, además, la emergencia sanitaria y ocupacional hasta el 31 de diciembre de 2011, es decir, hasta el final del mandato de Cristina Kirchner.
El proyecto de reforma del Monotributo fue aprobado luego de que el oficialismo aceptara modificar el texto original enviado por el Ejecutivo, eliminando la Categoría A, con lo cual el sistema arrancará con un tope de facturación de 24.000 pesos al año, por el que se pagará una cuota total de 219 pesos por mes.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Gustavo Marconato, defendió la Emergencia al sostener que la mejora económica del país, tras la crisis de 2001, “demandó un gran esfuerzo, no solamente del gobierno, sino de todos los ciudadanos” y afirmó que “no debe creerse que, ante la sorprendente mejora, todo está resuelto. Aún quedan serias cuestiones pendientes”, como “la deuda pública reprogramada”.
El radical jujeño Miguel Giubergia le preguntó al oficialismo “por qué se pretende prorrogar la emergencia económica por dos años, siendo que se venía” haciendo anualmente y le enrostró que la misma presidenta Cristina Fernández, cuando era senadora, se opuso a votar este tipo de medidas, pero “hoy nos pide y solicita la prórroga por dos años de la emergencia económica”.
La socialista Silvia Augsburger se opuso al proyecto oficial y apuntó que “lo que la norma está expresando es que no se hicieron las reformas correctas profundas para no necesitar por diez años un instrumento de emergencia para poder gobernar”.
El macrista Federico Pinedo ironizó que el gobierno vive en un estado de “emergencia económica permanente desde 2003 al 2011, incluso prevén emergencia económica para el futuro”, y afirmó que el motivo de ese accionar es “escaparse del funcionamiento normal de las instituciones”, como por ejemplo, el control de las renegociaciones de los contratos con las empresas de servicios públicos.
