Un tema de fondo que requiere más consenso

Adopciones: dos proyectos

se cruzan en la Legislatura

Dos iniciativas para la creación de un registro ya lograron -por separado- media sanción. El oficialismo aprobó un texto normativo de Lucrecia Aranda (PS) en Diputados; y otro la oposición en el Senado, de Eduardo Rosconi.

De la redacción de El Litoral

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Los debates en sendas Cámaras siguieron caminos paralelos. Y aunque hay actores políticos comunes, las mayorías cambian en uno y otro caso.

En la Cámara de Diputados el oficialismo logró la aprobación de una propuesta de Lucrecia Aranda (PS). En el Senado, la oposición hizo lo propio con otro que presentó el representante por el departamento Caseros, Eduardo Rosconi (PJ).

Los dos proponen la creación de un registro sobre adopciones y la principal diferencia es quién tendrá a su cargo su administración: el proyecto de la Cámara joven prefiere dejarlo en manos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en cambio el de la Cámara Alta ha optado por la Corte Suprema de Justicia.

Tras los debates y el correspondiente paso por las comisiones de cada Cámara, ahora han quedado los proyectos cruzados. El Senado tiene entre sus asuntos entrados el texto de la diputada Aranda (que ha consensuado su proyecto con el que presentó el radical Leonardo Simoniello) y lo mismo Diputados, con el de Rosconi.

En los dos casos se busca contar con un registro de adopciones para gestionar, formar, registrar y mantener actualizada la información sobre los menores de edad que se encuentren en estado de adoptabilidad, bajo guarda, alojados en dependencias del Estado, o en ONGs.

También con respecto de la lista única de aspirantes a guardas con fines de adopción; la nómina de los menores de edad a los cuales se les haya dictado la guarda con fines de adopción ante los juzgados con competencia en la materia y la confección de un archivo con las copias de las resoluciones de adopción que cada juzgado realice.

El texto de Rosconi señala a la Corte Suprema y sus artículos tienden a una administración del Registro desde las competencias del Poder Judicial, apoyado en el concepto de que los menores en adopción son responsabilidad del juez de ese fuero.

En cambio para Aranda y la mayoría en Diputados se opta por un criterio más ejecutivo. Impulsa su creación en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con plena participación de su Dirección de Justicia y en coordinación con la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia.

Dicha subsecretaría, a través de sus equipos interdisciplinarios, y siguiendo los principios establecidos en la Ley Provincial de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes evalúa a las familias aspirantes a efectos de garantizar en los procesos de guarda y adopción el interés superior del niño, así como brindar la contención y asesoramiento a las familias adoptantes y a los niños y niñas que son parte en el proceso de adopción, describe el proyecto.

En la Cámara de Diputados, las bancadas reutemanistas y obeidistas del justicialismo dejaron oportunamente sentada su posición en favor llevar el registro a las competencias de la Corte.

Lucrecia Aranda, diputada socialista

Foto: Archivo

Eduardo Rosconi, senador justicialista

Foto: Archivo

Con valores idénticos

La protección de los derechos del niño, la equidad y la transparencia en el acceso a la oportunidad de ser padre adoptante, el derecho a la identidad, y la lucha contra el tráfico de bebés son los valores que guían los dos proyectos de ley que discuten ambas Cámaras.

Aranda al aprobarse su iniciativa celebró la media sanción de sus pares diputados. Dijo que “la creación de este registro es fundamental para que los mecanismos que lleven a una adopción sean claros y con el trabajo interdisciplinario que la temática requiere, garantista y protector esencialmente de los derechos de la infancia”, consideró Rosconi, del mismo modo, cuando su proyecto logró avanzar entre sus pares del Senado, expresó que “este simple proyecto sólo pretende proporcionar mayor transparencia al proceso de la adopción, certeza a los futuros adoptantes y protección integral a los derechos de los niñas, niños y adolescentes en condiciones de ser adoptados”. Advirtió que “la transparencia y la publicidad sólo se obtienen si el Estado cuenta con la información en forma oportuna y precisa, centralizada en una base de datos única y la pone a disposición de los jueces facilitando su tarea”.