Justicia y corporación
Al calor de la discusión sobre la transición del sistema procesal penal santafesino hacia la plena oralidad, se debaten otras cuestiones atinentes al Poder Judicial y a la responsabilidad que cabe a cada uno de los actores involucrados en las falencias que acusa el servicio.
La cuestión mereció tanto pronunciamientos formales de abogados y magistrados, como declaraciones más o menos contemporizadoras o altisonantes de miembros del Poder Ejecutivo o la Corte.
Éstas versan sobre la insuficiencia y mala distribución de juzgados frente a una demanda sostenidamente creciente, la acumulación de vacantes y la dilatación de los tiempos para cubrirlas, la necesidad de una modernización del equipamiento y la normativa aplicable, la imprescindible adecuación de la infraestructura y los recursos humanos. Todo ello sometido a limitaciones presupuestarias que surgen de las dificultades que atraviesan las cuentas provinciales, agravado por el transcurso de décadas en las que poco se hizo para obtener mejoras sustanciales y constreñido por la rigidez en la disponibilidad de fondos, afectados en su inmensa mayor parte al pago de salarios.
Sobre la casi totalidad de estas cuestiones existe coincidencia en el diagnóstico, aunque las visiones difieren cuando se trata de asumir o endilgar culpas y falencias, y sobre todo cuando, más allá de la utilidad e importancia de las críticas, entra a tallar el punto de vista estrictamente corporativo.
Esto se aprecia especialmente en la discusión sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, cuya lentitud es, para el gobierno, un efecto indeseado -y acaso no debidamente mensurado- del salto cualitativo producido en el proceso de selección de candidatos a jueces. Los dardos se disparan diplomáticamente desde la Corte, más vigorosos desde los Colegios de Abogados y decididamente virulentos en el reciente documento del Colegio de Magistrados. En todos los casos, estamentos que han perdido incidencia en el trámite.
Lo propio ocurre con la contracción al trabajo de muchos jueces y funcionarios, medida en términos cuantitativos. Frente al encomiable y notorio compromiso de una parte importante de ellos, es un hecho que otros pasan escasas horas en sus despachos y dedican ése tiempo liberado a actividades ajenas a su función. Los abogados -que suelen apreciar en forma directa los efectos de estas distracciones- denuncian el punto de manera recurrente, la Corte lo aborda con cierta timidez y los magistrados lo soslayan, aludiendo más bien a la sobrecarga que padecen y las secuelas que ello acarrea a su salud.
Enfoques tan opuestos difícilmente permitan abordajes conjuntos y coordinados. Tal cosa sólo será factible en tanto se decline las anteojeras sectoriales y se ejerza una absoluta honestidad intelectual, que dote de suficiente autoridad a las observaciones e incluso a los muchas veces justificados cuestionamientos al poder político. Y que se demuestre la capacidad de batallar por los propios intereses, sin ponerlos por encima del bien común, ni confundirlos con privilegios.
