Prisioneros torturados y ejecutados

General procesado por fusilar en La Tablada

Prisión preventiva para un general y una orden de captura para un oficial superior por “delitos de lesa humanidad”, como “matar a algunos y torturar a todos”.

DyN

La Justicia procesó con prisión preventiva a un general acusado de fusilar y torturar a guerrilleros que se rindieron tras el copamiento del cuartel de La Tablada en 1989, y entendió que entonces hubo delitos de “lesa humanidad” y que “la política del Estado argentino en el tratamiento de los prisioneros” fue “matar algunos de ellos y torturarlos a todos”.

El juez Germán Castelli dictó el procesamiento del ex general Alfredo Arrillaga, encargado de recuperar el cuartel, a quien además lo embargó por 2,5 millones de pesos. La resolución a la que accedió DyN ordena la captura nacional e internacional de otro imputado, el ex mayor Jorge Varando, quien está prófugo y fue procesado por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 previa la caída de Fernando De la Rúa.

Los procesamientos están vinculados con “la detención de dos personas, Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, en la guardia de prevención (del cuartel) el día 23 de enero” de 1989, tras la rendición de los guerrilleros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que intentaron copar el regimiento -liderados por el ex jefe del ERP Enrique Gorriarán Merlo- argumentando que iban a abortar una asonada contra la democracia.

El juez dijo que la conducta de quienes fusilaron y torturaron implicó la responsabilidad de la Argentina: “Ese ataque sistemático terminó siendo, por vía de los hechos, la expresión política del Estado argentino en el tratamiento de los sobrevivientes del combate y demás cómplices apresados fuera del cuartel”.

“No puede otra cosa que concluirse que la política del Estado argentino en el tratamiento de los prisioneros, resultó, por imperio de los hechos, la de matar a algunos de ellos y torturarlos a todos”, resume el fallo.

Añade que “varios de los agentes (...) aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar sigilosamente el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones”.

Ruiz y Díaz fueron asesinados y sus cuerpos los identificaron después: en 2000 el de Ruiz, y en mayo pasado el de Díaz. Las torturas y los fusilamientos fueron cometidos pese a expresas órdenes en contrario que había dado el presidente Raúl Alfonsín.