La Columna del Consumidor - Adelco

Cómo defendernos de los contratos

que contienen cláusulas abusivas

Dra. Claudia González Dato

Ing. Luis Lombó

Cuando los consumidores contratamos prestaciones de distinto tipo tales como servicios bancarios, medicina prepaga, Internet, cable video, etc., o compramos un bien a través por ejemplo de un círculo de ahorro automotor o una tarjeta de compras, debemos suscribir un contrato que ha sido redactado unilateralmente por el proveedor del bien o el servicio que por ello se denomina contrato de adhesión, el cual puede contener las denominadas “cláusulas abusivas”.

Ahora bien, en virtud de la ley de Defensa del Consumidor y pese a haber aceptado este tipo de obligaciones al firmar el instrumento legal, es posible defendernos de las mismas y solicitar su nulidad tanto ante la autoridad administrativa como la Justicia.

Y esto se debe a que los consumidores medios no estamos en condiciones de juzgar o estudiar en la mayoría de los casos por nosotros mismos, los alcances íntegros de los contratos mercantiles, puesto que en general los oferentes redactan las cláusulas de tal manera que resulten difíciles o imposibles de comprender a neófitos del derecho cuáles serán nuestras obligaciones. De ahí, la presencia de cláusulas de interpretación ambigua, o con características tipográficas pequeñas (la famosa “letra chica”).

Las “cláusulas abusivas” son aquellas las que en contra de las exigencias de la buena fe causan en detrimento de los consumidores un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales o imponen condiciones en el marco de la relación de consumo, que colocan en situación de incertidumbre, indefensión o desventaja a los usuarios o consumidores, de tal suerte que estamos ante una cláusula abusiva cuando se amplían inequitativamente los derechos de una parte (el proveedor) y, conscientemente, se restringen los del consumidor o usuario.

La ley de Defensa del Consumidor indica en su art. 37 que sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por “no convenidas”: a) las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; y c) las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.

A favor del consumidor

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.

A modo de ejemplo, a continuación se describen algunas de las tantas cláusulas abusivas que se encuentran en distintos tipos de contratos y que han debido ser dejadas sin efecto, por parte del prestador del servicio o dador del bien en beneficio de los consumidores.

Obligación del consumidor a cancelar primero las deudas pendientes antes de dar la baja de un servicio, por ejemplo la tarjeta de crédito, Internet, cable video, etc. El consumidor siempre puede cancelar el contrato aún cuando tenga una deuda que podrá abonar luego.

Imposición al consumidor de una compañía aseguradora cuando saca un seguro de vida o un préstamo. El banco debe ofrecer no menos de cinco compañías para que el cliente elija.

Obligación del usuario a tramitar los conflictos sólo en los juzgados del domicilio del banco. Es el caso de usuarios que viven en el interior que deben recurrir a la Justicia porteña. Esto viola su derecho de defensa.

La inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Un caso típico es el de los depósitos en cajeros que no se acreditan y el cliente debe probar que lo realizó.

Período de carencia, en contratos de medicina prepaga indicando que debe pasar un tiempo hasta que el usuario pueda acceder a determinadas prestaciones. Las empresas suelen fijar este período de abstención entre los 6 y 9 meses. El PMO no establece períodos de carencia o cuando se exige al usuario a firmar, bajo declaración jurada, qué enfermedades tiene, denominadas enfermedades preexistentes para que, si apareciera luego una enfermedad no declarada, la empresa se niegue a prestarle atención médica.