EDITORIAL

Institucionalidad

contra la violencia

La semana pasada, las autoridades electas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) finalmente pudieron sesionar a pesar del sabotaje de un puñado de grupos estudiantiles decididos a boicotear el funcionamiento normal y previsible de la democracia universitaria. En el caso que nos ocupa, el rector Hallú fue reelecto por un nuevo período, frustrándose la intención de los provocadores interesados en impedir que la universidad funcione como lo dicen sus estatutos.

Para que la asamblea universitaria pueda sesionar, fue necesario que los consejeros se autoconvoquen en una de las dependencias del Congreso de la Nación y que la policía rodeara las instalaciones para impedir que los revoltosos se puedan salir con la suya. Dos semanas antes, la asamblea universitaria no pudo sesionar en el Colegio Nacional.

La toma del Colegio Nacional arrojó una nueva mancha a esta institución insignia de la enseñanza media. Como se recordará, hace casi un mes los estudiantes de este colegio, aprovechando las evidentes incompetencias de su rectora, tomaron el colegio y durante más de una semana los estudiantes no tuvieron clase, falta que por suerte fue subsanada porque la institución exigió que los días perdidos de clase se recuperen.

En ese clima crispado, se iniciaron las deliberaciones para elegir las nuevas autoridades de la UBA. El activismo estudiantil viene desarrollando desde hace años una estrategia destinada a bloquear el funcionamiento institucional de la casa de estudios. La metodología a la que recurren es la violencia. En la anterior elección de rector, los activistas impidieron que la Asamblea universitaria funcione en cinco oportunidades.

Lo sorprendente es que los estudiantes disponen de su propia representación en el Consejo Superior y debería ser a través de estos representantes donde ellos deberían hacer valer sus derechos. No lo hacen, o lo hacen, de manera oportunista, pero por sobre todas las cosas, su formación autoritaria les impide aceptar la condición de minoría.

Para esta concepción facciosa de la política, la verdadera intervención política es la callejera. Un puñado de estudiantes, algunos encapuchados y otros armados, se arrogan la representatividad de la universidad más grande de la Argentina ante la indiferencia o la impotencia de las autoridades. En todos los casos, es una minoría que reclama la legalidad del sistema para actuar, pero no se hace cargo de las responsabilidades de los actos.

Por suerte, en esta ocasión se impuso el sentido común y la fuerza pública impidió que los enemigos de la institucionalidad universitaria se salieran con la suya. La policía actuó con firmeza y prudencia. Las fotos y filmaciones sobre lo sucedido demuestran que la marginalidad y la violencia nihilista está representada por un puñado minoritario de estudiantes ajenos a los cientos de miles de universitarios que desean estudiar.