Plan sistemático

También declararon “la nulidad parcial del procesamiento” de Aebi por la imputación de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Vilma Pompeya Gómez. Para el jurado se vio “afectado el principio de congruencia” por lo que Aebi resultó sobreseída en ese caso.

En cuanto al pedido de la abogada de la querella de Schulman, de condenar a los responsables por el delito de “genocidio”, el tribunal no hizo lugar “por no haber sido motivo de imputación penal”.

Plan sistemático

Luego fue el turno de las condenas por “hechos cometidos en el marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado, considerandos delitos de lesa humanidad”, que fueron leídas en el siguiente orden:

“Declarar a Víctor Hermes Brusa como autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales en perjuicio de Ana María Cámara, Stella Maris Vallejos, Anatilde Bugna, Alba Sánchez, Daniel García, José Schulman, Mariano Millán, y Roberto Cepeda (8 hechos)”, con una pena de 21 años de prisión e inhabilitación especial por el máximo legal para ejercer cargos públicos

manteniendo las condiciones de detenciones dispuestas.

Los cinco restantes fueron declarados coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas; e imposición de tormentos. Además de la “inhabilitación absoluta y perpetua”.

Las penas más altas fueron de 23 años de prisión y tuvieron como destinatarios a Colombini -en perjuicio de Cámara, Bugna, Pompeya Gómez, García, Sánchez y Millan (6 hechos)-; y Ramos -cometidos contra Cámara, Bugna, Schulman, Vallejos, Patricia Isasa y Jorge Pedraza-.

A Perizzotti le dieron 22 años de cárcel por hechos cometidos contra Bugna, Cámara, Traba, Isasa y Carlos Pacheco.

En tanto Facino recibió 20 años de condena por su accionar delictivo en contra de Isasa, Schulman y Eduardo Almada.

La que menos años de cárcel recibió fue Aebi -19 años-, denunciada en su oportunidad por Bugna, Vallejos, Cámara, Traba, Isasa y Gómez.

Antes de cerrar el acto de Justicia el tribunal pidió que se remitieran copias al Ministerio público, de las declaraciones de víctimas y testigos que pasaron por el estrado.

Fue aclarado a su vez que una vez que las condenas estén firmes deberán hacerse los cómputos de penas, teniendo en cuenta los años que llevan privados de su libertad.

El TOF hizo reserva de los recursos formulados por las defensas técnicas, de las cuales se espera que recurran a la Cámara de Casación Penal.

Labor periodística.

La Asociación de Prensa de Santa Fe manifestó su satisfacción por las condenas dictadas por el TOF y resaltó “el trabajo que muchos periodistas de nuestra región realizaron en todos estos años, para mantener viva la memoria y desentrañar las distintas facetas del terrorismo de Estado, a pesar de las presiones y los obstáculos, que encontraron para desenmascarar a los responsables de estos crímenes aberrantes”. Además, el secretario gremial, Pablo Jiménez, hizo mención a la labor de los trabajadores de prensa “que en los últimos tres meses difundieron las instancias del juicio oral y público, haciendo posible que la población santafesina tenga asegurado su derecho a la información”.