EDITORIAL

Crisis en el

Banco Central

El artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) dice textualmente: “ ...en la formulación de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional”. El texto es claro y no deja lugar a dudas. Tampoco da lugar a decretos de necesidad y urgencia.

La moderna concepción del Estado establece que el Banco Central mantiene una relativa autonomía del poder político. El objetivo es que la estrategia financiera de la Nación tenga una sólida base técnica y no dependa del humor político del gobernante de turno o de las exigencias más o menos arbitrarias de las coyunturas sociales.

Ninguna de estas consideraciones jurídicas y políticas parecen haber tenido en cuenta los Kirchner a la hora de redactar un DNU para que la institución libere la suma de 6.500 millones de dólares con el objetivo de pagar deuda pública. Según el ministro de Economía, Amado Boudou, se trata de una iniciativa excepcional destinada a cumplir determinados compromisos con el fin de que el país acceda a los mercados financieros internacionales.

El gobierno nacional sostiene que es una estrategia válida y progresista pagar los compromisos de la deuda externa con reservas nacionales. El tema merece un debate, porque se trata de una decisión delicada que compromete nuestro respaldo monetario y, según sea el trámite legal de la iniciativa, puede crearnos gravísimos problemas hacia el futuro, sobre todo si se tiene en cuenta que grupos de deudores privados analizan iniciar o continuar acciones de embargo sobre esos fondos.

Por lo pronto, las autoridades políticas de San Luis y los bloques opositores iniciaron demandas por inconstitucionalidad, mientras que el propio titular del BCRA, Martín Redrado, expresó su desacuerdo con el DNU emitido por el Poder Ejecutivo. De manera coincidente se defiende la autonomía del Banco frente a la voluntad de los Kirchner que pretende eludir los controles prescritos por las leyes.

En este sentido, no dejan de ser sintomáticas las declaraciones del senador Miguel Angel Pichetto, quien defendió la violación de una norma cuya sanción acompañó cuando era un fervoroso menemista. El legislador dijo con cierto tono irónico que pareciera ser “más importante presidir el Banco Central que haber sido elegido por el voto popular”. En esta frase está condensado sin matices el pensamiento oficial: la legitimidad del voto popular borra los controles y límites establecidos en las leyes.

No obstante, la concepción populista de Pichetto debería relativizarse para el propio bien de la fuerza política que representa, porque si lo que afirma con tanta vehemencia fuera cierto, la legitimidad de un gobierno derrotado el pasado 28 de junio estaría puesta en tela de juicio.