Derechos Humanos

Desclasifican documentación militar de la dictadura

DyN

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó la desclasificación de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” en la represión de la última dictadura para evitar que se “obstaculicen” los juicios por violaciones a los derechos humanos.

El decreto 4/2010, publicado hoy en el Boletín Oficial, comprende el período de 1976 a 1983, más la documentación producida en otros años, en relación a la represión ilegal, pero excluye la información relacionada con la Guerra de Malvinas y “cualquier otro conflicto de carácter interestatal” así como “la información de inteligencia militar estratégica”.

La medida presidencial enuncia que el decreto se sancionó en vista de lo propuesto por el Ministerio de Defensa y en base a la información solicitada por el juzgado federal número 1 de La Plata en la causa en que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el centro clandestino de detención La Cacha.

Secreto de Estado

“La información y/o documentación clasificada con carácter no público no estuvo destinada a la protección de intereses legítimos propios de un Estado democrático sino que, por el contrario, sirvió como medio para ocultar el accionar ilegal de gobierno de facto”, argumentó la jefa de Estado.

En el decreto esgrimió que “pasados más de 25 años de restablecido el Estado democrático no es posible seguir consintiendo la inaccesibilidad de tal información y documentación argumentando el carácter de “Secreto de Estado’ o cualquier otra clasificación de seguridad que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho dela sociedad a conocer su pasado”.

Y también expuso que “cualquier limitación al acceso de información y documentación podría (...) impedir el esclarecimiento de los hechos, el juzgamiento y la sanción de los responsables, ubicando al Estado Argentino por fuera del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos”.

La medida adoptada por la presidenta Cristina Fernández pretende evitar obstáculos a los procesos judiciales iniciados contra represores.

Repudio por intimidación

Funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe expresaron “el más contundente repudio” a los hechos de intimidación que tuvieron lugar el 30 de diciembre de 2009 en el domicilio particular de la querellante en la ex causa Feced, Josefina González, y del secretario del Ministerio Público, Federico Reynares.

En la conferencia de prensa brindada ayer en la sede de la ciudad de Rosario de la Secretaría de Derechos Humanos, la titular del organismo, Rosa Acosta, reafirmó la decisión del gobierno de continuar con todas las tareas necesarias “para lograr que los juicios por delitos de lesa humanidad sigan su avance”, y expresó la solidaridad y el acompañamiento a las víctimas de esta intimidación.

En este sentido, dio a conocer medidas concretas que están en marcha “para investigar hasta las últimas consecuencias los hechos denunciados”, y reafirmó la necesidad de “desentrañar la oscura trama que hay detrás de estas intimidaciones”.