Es notable cómo una medida inspirada en un cálculo político -la creación por Decreto de Necesidad y Urgencia del Fondo del Bicentenario- derivó en un enredo político, institucional y jurídico de proporciones.

En rigor, la única necesidad es fiscal -por los agujeros financieros que anticipan los vencimientos de 2010, agravados por el irrefrenable gasto público-, en tanto que el objetivo político era eludir al Congreso. Tan evidente es todo, que asombra hasta qué punto la pifia en la jugada de los Kirchner desató una reacción en cadena que impacta en los tres poderes del Estado, el frente político interno y las relaciones internacionales con la República Popular China.

Desde que el malhadado decreto de creación del Fondo iniciara sobre las instituciones del país el efecto dominó que llevó a la emisión de un segundo DNU -esta vez, para eyectar a Martín Redrado del cockpit del Banco Central-, ha pasado de todo. En efecto, distintos legisladores de la oposición interpusieron medidas cautelares tendientes a evitar situaciones irreversibles, el gobierno inició acciones penales contra el presidente del Banco Central, y en Nueva York el juez Griesa embargó y desembargó una cuenta del Banco Central en la causa promovida por fondos “buitres” contra nuestro país.

Aquí, mientras Redrado y el ministro Boudou competían ante la TV para demostrar quién defendía mejor los amenazados dineros del país, el jefe de Gabinete despotricaba contra la jueza Sarmiento que había hecho lugar a medidas cautelares que reponían a Redrado en su cargo y bloqueaban los fondos del Bicentenario. Aníbal Fernández se maneaba con sus propias contradicciones, ya que por un lado criticaba a la “Justicia exprés” y, por el otro, respaldaba el decreto exprés y su vigencia, habida cuenta de que la comisión bicameral que debía examinarlo no estaba constituida y de que, además, el dictamen o consejo que emitiera no tenía poder vinculante. Por lo tanto, para qué perder tiempo.

Este nivel de confusión e improvisación desnuda el valor que el gobierno les asigna a los procedimientos legales y a los controles republicanos. Todas las voces del oficialismo coincidieron en remarcar el carácter no vinculante del dictamen bicameral, sin darse cuenta de que dejaban expuesta con toda crudeza su concepción de la política. También quedó a la vista que quieren que Redrado se vaya cuanto antes. Sólo les preocupa terminar con una resistencia que en la percepción pública se correlaciona con la pérdida de poder.

Por eso ningún oficialista se preguntó por qué la ley había creado un procedimiento y un órgano especial para el caso de que se pretendiera remover al titular del Banco Central. La respuesta, sin embargo, era obvia: estas mediaciones, estos filtros, han sido inteligentemente creados para fundar los actos en bases técnicas y evitar los impulsos del momento que pueden llevar a errores costosos. En definitiva: no vinculante no es equiparable a inservible.