/// análisis
Extorsión, “delito” e inacción
José Curiotto
Durante dos días, un puñado de supuestos autoevacuados por la inundación interrumpió el tránsito por la Ruta 168 ante la pasiva mirada policial, la falta de acuerdo entre municipio y Provincia, y la inacción de la Justicia Federal para liberar una ruta nacional.
El secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Alejandro Boscarol, reconoció públicamente que se trató de un “acto delictivo” encabezado por dos hombres que se atribuyen la representación de un puñado de personas que no aceptan ser visitadas por asistentes sociales para corroborar si efectivamente necesitan lo que reclaman.
Pero mientras el municipio asegura no estar dispuesto a someterse a semejante chantaje, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia decidieron ceder para que la ruta fuera liberada.
La falta de acuerdo entre la Municipalidad y el gobierno de la provincia para solucionar el problema resultó evidente durante la jornada de ayer. Desde el Ministerio de Seguridad se decía que era un problema municipal; desde el municipio reclamaban la acción policial; mientras que la policía no recibía orden alguna de sus superiores o desde la Justicia.
¿Cómo se explica al ciudadano común que el Estado no puede actuar con premura, cuando se reconoce que se trata de un “acto delictivo”?; si es verdad lo que dice Boscarol, ¿cómo se puede aceptar que este grupo establezca las reglas y tome de rehén a miles de personas? ¿Resulta tan difícil prevenir este tipo de cortes en una ruta clave para la región?, ¿la Justicia Federal está de vacaciones?
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