La recuperación de roles institucionales
La sucesión de fallos contrarios a los intereses del gobierno nacional llevó al oficialismo -y, específicamente, al ex presidente Néstor Kirchner- a denunciar y denostar la existencia de un supuesto “partido judicial”, enrolado activamente en la oposición.
El actual diputado nacional reaccionó con virulencia ante los pronunciamientos políticos y las medidas judiciales tendientes a impedir una serie de acciones gubernamentales, como la utilización por decreto de las reservas del Banco Central, la remoción por la misma vía del titular de la entidad, la aplicación indebida de facultades delegadas al regular la comercialización de insumos de Papel Prensa, o las derivaciones de la Ley de Medios.
Sin establecer distinción de roles o circunstancias, Kirchner envolvió todo en la denuncia de una conspiración para desestabilizar al gobierno, en la que involucró al propio vicepresidente de la Nación y al principal grupo periodístico nacional y, de la misma manera, a los integrantes de los otros dos poderes del Estado.
Las pullas contra la oposición política son comprensibles en la lógica de la disputa por el poder y el control de su ejercicio. En cambio, al agrupar a los miembros de la Justicia bajo el rótulo de una agrupación disidente, el ex presidente no sólo produce un disparate -por la inconciliable variedad de orígenes, trayectorias y perfiles de los jueces-, sino también una inaceptable afrenta a la más elemental noción republicana.
Es cierto que la serie de disposiciones judiciales citadas revierte el panorama imperante en la historia inmediata. Pero esto, más que el indicador de un repentino y coordinado ímpetu opositor de los magistrados, está vinculado a los condicionamientos que operaron hasta ahora.
La preeminencia casi excluyente del poder político y el imperio de una concepción que sólo reconoce aliados y enemigos, a la que no disuade la delicada distribución de facultades y contrapesos establecida por la Constitución, llevan a que muchos jueces actúen bajo el influjo del temor y resignen en alguna medida sus potestades. Por el contrario, en la medida en que ese poder se ve afectado o debilitado, e incluso enfrentado a su decadencia, es habitual que la actuación de otros sectores recupere alicientes y bríos para ejercer su cometido sin cortapisas.
Ni más ni menos que eso es lo que está ocurriendo en la Argentina luego de las elecciones del año pasado. Así como el Congreso, liberado del lastre de las mayorías automáticas, genera iniciativas, articula acuerdos y se planta para poner coto a los excesos del Ejecutivo, en los tribunales también se advierte una mayor libertad para aplicar la ley sin remilgos, ni consideraciones acerca de las consecuencias que ello pudiera tener para quienes lo hacen, según los intereses que se vean perjudicados. En suma, lo que se advierte es una retirada forzosa del autoritarismo, que tiene como correlato un alentador avance de las instituciones.
