EDITORIAL

Extorsiones en la vía pública

Periódicamente, los vecinos de la ciudad son extorsionados por sujetos que exigen determinada suma de dinero para “cuidar” el auto o limpiar el parabrisas. Lo que se inició como una tarea que constituía una variante positiva de la mendicidad -cuando el ofrecimiento del “servicio” era aceptado- derivó en una actividad de “apriete” ilegal promovida por grupos organizados que en algunas ciudades ya adquieren perfiles mafiosos.

En la ciudad de Buenos Aires -sitio en el que el problema de los “trapitos” escapó de control-, las autoridades se disponen a prohibir esta actividad que emplea la amenaza explícita o implícita para conseguir el pago de servicios no requeridos por los ciudadanos. Entre tanto, en Santa Fe no se hace nada al respecto, dejándose a los automovilistas -sobre todo a las mujeres- librados a su propia suerte. Es más, anteriores gestiones han llegado a legitimar el “oficio” mediante el reparto de “zonas”. En resumen, en nombre de los problemas sociales, las autoridades abandonaron a los contribuyentes a “la ley de la calle”.

Se suele decir que la pobreza y la desocupación justifican este tipo de actividad. El argumento es trillado y se ha transformado en un lugar común que, como todo lugar común, cumple la función de justificar lo injustificable. Los llamados “trapitos” no cumplen ninguna función social, su supuesto cuidado del auto no es real ni efectivo y, por lo tanto todo reclamo de dinero es ilegal y extorsivo.

Las denuncias de los automovilistas son recurrentes: un señor se presenta como el encargado de cuidar el auto y si luego no se paga el dinero exigido se corre el riesgo de sufrir agresiones verbales o físicas, así como ataques al automóvil. En realidad, el automovilista paga para que el supuesto cuidacoches no se lo dañe.

A nadie escapa que si el auto fuera robado o sufriera alguna agresión el “trapito” no está en condiciones de responder. En rigor, la tarea de “cuidar” es ficticia porque se realiza en lugares céntricos e iluminados.

Algo parecido ocurre con quienes limpian los parabrisas en los semáforos. Llama la atención su número y la presión que ejercen sobre los automovilistas. Reiteradamente, se han presentado denuncias, sobre todo de mujeres, que fueron patoteadas e insultadas al negarse a pagar “propina”.

Estos procedimientos ilegales, estos mecanismos cotidianos de violencia urbana ocurren ante las narices y la indiferencia de las autoridades municipales, provinciales y federales. Los vecinos están indefensos y nadie parece hacer nada por ellos.

El argumento de una supuesta protección a los pobres pierde validez cuando la violencia se constituye en la razón decisiva para obtener la “propina”. Desde la ley hasta el más antiguo texto religioso, se sostiene que la propina es voluntaria y no coactiva. Importa saber al respecto que toda contribución exigida al margen de las leyes es, por definición, mafiosa y sus víctimas son los ciudadanos.