EDITORIAL

Los cortes y la paz social

La utilización sistemática del recurso del corte de rutas para formular reclamos hace tiempo que dejó atrás su originaria excepcionalidad, y que no requiere como motivación la existencia de un problema grave, extendido y persistente que empuje a los damnificados a provocarlo para atraer la atención pública.

La validación de este tipo de medidas, mediante la más absoluta tolerancia a las mismas, o su desactivación mediante concesiones que habiliten la liberación del paso llevaron a una naturalización que alienta el sostenido incremento y el uso indiscriminado.

La situación no se da solamente en la provincia: en el mes de enero, en todo el país se registró un aumento del 76 % en los casos de interrupciones del paso por la vía pública. Sin embargo, Santa Fe está, junto a la Capital Federal y Buenos Aires, entre los distritos donde se registra la mayor cantidad de episodios.

Pero si los piqueteros y organizaciones sociales siguen concentrando el mayor número de cortes, es cada vez más frecuente que éstos sean provocados por vecinos “autoconvocados”, que invocan reclamos de interés particular, y frecuentemente acotados a un número reducido de personas.

En tal sentido, la proporcionalidad entre el daño invocado -y la reparación exigida- y los perjuicios que se provocan al hacerlo, tanto en número de afectados como en términos económicos, es una relación que actualmente nadie se molesta en establecer. Así, cientos de ciudadanos sufren, con una frecuencia que se ha vuelto diaria, los efectos de protestas no siempre avaladas por razones atendibles, o limitadas a grupos extremadamente pequeños.

La inacción oficial, refugiada en una danza de atribución y delegación de responsabilidades entre la Policía provincial y federal, y las autoridades políticas y judiciales, y sustentada en el horror a pagar el costo eventual de una acción que pudiera ser catalogada como autoritaria o represiva, corre el riesgo de arrastrar las cosas a un conflicto de auténtica gravedad e imprevisibles consecuencias.

La acumulación de bronca, que necesariamente se proyecta hacia quienes ejercen el reclamo; la posibilidad cierta de accidentes o enfrentamientos propios de las alteraciones anímicas; el riesgo de hechos delictivos, permitidos por el desvío hacia rutas alternativas no siempre recomendables o suficientemente conocidas -como ocurre en Rosario-, son algunos de los factores que las autoridades deberían tomar en cuenta con toda seriedad a la hora de evaluar los pasos a seguir.

Naturalmente, la remanida alusión a la necesidad de atender las carencias de los sectores más desprotegidos mantiene su plena vigencia, pero resulta insuficiente frente a la naturaleza focalizada y hasta a veces comparativamente banal de los reclamos que motivan los cortes a repetición. En tal sentido, un accionar disuasivo, pacífico pero firme, es la única manera de garantizar a los santafesinos la plena vigencia de la ley y los derechos constitucionales y, finalmente, de preservar la paz social.