EDITORIAL

Policía bajo sospecha

Cualquier persona que en la provincia de Santa Fe decida presentarse en una comisaría para realizar una denuncia deberá enfrentar un 33 % de posibilidades de ser atendida por un policía sospechado e investigado penalmente por la Justicia.

El porcentaje es sorprendente. Sin embargo, surge de un dato clave: el ministro de Justicia, Héctor Superti, reconoció públicamente que 6.500 uniformados en la provincia -lo que representa un tercio del total de policías- tienen alguna causa abierta por casos vinculados con hechos de corrupción.

El ministro reveló haberse comunicado con el procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Agustín Bassó, para que inste a los fiscales a que les den prioridad a las causas en las que existen policías involucrados.

¿Cómo puede funcionar adecuadamente una fuerza de seguridad donde uno de cada tres integrantes está sospechado de corrupción? ¿Bajo qué fundamentos se le puede pedir a la comunidad que confíe en su policía?

Pero el problema no sólo radica en el estado de temor e indefensión que pesa sobre gran parte de la gente, sino que incide también en el 66 % de policías sobre los cuales no recae sospecha alguna. ¿De qué lado están “los buenos”? ¿Dónde están “los malos”? Inevitablemente, las fronteras comienzan a diluirse porque el enemigo puede hallarse en cualquier lugar, agazapado y expectante, detrás del uniforme oficial.

Superti reconoció que existen numerosas falencias a la hora de investigar, pero insistió en que, a pesar de todo, las investigaciones deberán avanzar con mayor celeridad. Por eso insistió en “jerarquizar” esas causas y pidió a los fiscales que actúen “rápido”, tanto para desvincular a los policías de las sospechas si no tienen responsabilidad como, de lo contrario, para que se los pueda remover cuanto antes de sus cargos.

En este contexto, durante los últimas días ocurrió un hecho alarmante en la ciudad de Rosario. La jueza de Instrucción Nº 6, Raquel Cosgaya, recibió un llamado de jefes de la Unidad Regional II de la Policía por el que le advertían que el ex capo de la barra brava de Newell’s, Roberto “Pimpi” Camino, estaba en libertad y amenazaba con “hacerla boleta” por haberlo encarcelado por la muerte del joven Walter Cáceres, ocurrida en enero de 2009.

Este llamado hizo que la magistrada optara por apartarse de la causa. Una jueza de la provincia, temerosa de un barra brava y alertada por la policía -que debería garantizarle protección-, decide dejar una investigación de lado.

Si este grado de indefensión pesa sobre una magistrada de Santa Fe, ¿qué puede esperar el ciudadano común? ¿Es que acaso existe connivencia entre este jefe barra brava e integrantes de la policía de la provincia?

Más aún, el 29 de diciembre último, desconocidos ingresaron al domicilio particular de la jueza Cosgaya con supuesta intención de robo. La magistrada se esforzó por desvincular lo ocurrido de las amenazas del barra brava, pero, en las circunstancias actuales y frente a los dichos del propio Superti, resulta inevitable la sospecha.