En la Cámara de Diputados
Postergaron hasta el martes la sesión del fondo salarial
El oficialismo necesita garantizarse 34 votos para imponer su criterio ante el Senado. Reutemanistas y obeidistas se comprometen a discutir retoques tributarios si a fines de agosto el Ejecutivo no tiene los fondos previstos en el proyecto de minoría.
José María Tessa, de la Comisión de Asuntos Laborales, hizo importantes esfuerzos tendientes a conciliar posiciones entre los sectores del Frente Progresista y del justicialismo. Foto: Mauricio Garín
Mario Cáffaro
Los siete diputados del Frente para la Victoria (más sus aliados del Partido Progreso Social (1) y Encuentro (1) parecen tener la llave que definirá el proyecto que destrabaría el conflicto entre el Poder Ejecutivo y los gremios estatales y docentes. Las diferencias que todavía tiene el sector con el proyecto que el Frente Progresista anudó con pares justicialistas ligados al sindicalismo hizo que no sesionara ayer la Cámara de Diputados.
El compromiso del presidente del cuerpo, Eduardo Di Pollina, con los jefes de todos los bloques había sido cerrado siete días atrás: habría sesión en caso de que haya acuerdo sobre el fondo de recomposición salarial, el único tema que importa hoy en la Legislatura. Mientras el oficialismo teje su estrategia, diputados de cuatro bloques justicialistas -con predominio de obeidistas y reutemanistas- avanzaron con un dictamen propio, donde optan por no tocar tributos aunque ahora agregando el compromiso de discutir la cuestión a partir de septiembre si los cálculos de recursos que plantea el sector no se cumplen. “No vamos a convalidar un nuevo impuestazo como pretende el oficialismo”, repitieron ayer los diputados del sector que cuentan con la anuencia de los senadores justicialistas que tienen el número necesario para imponer la mayoría especial en la Cámara Alta.
El socialista Raúl Lamberto insiste en que “no existe posibilidad de mejorar la política salarial sin nuevos recursos”.
El oficialismo necesita asegurarse 34 votos al proyecto de consenso para imponerse en la quinta y decisiva votación que establece la Constitución Provincial, para el caso de proyectos que vayan de una a otra Cámara.
El primer proyecto presentado para constituir un fondo salarial fue rubricado por el Frente para la Victoria; luego se sumaron los sindicalistas Alberto Cejas y Silvia de Césaris, y por último el Frente Progresista. La principal diferencia hoy pasa por la decisión de los primeros de imponer parte de la carga tributaria al sector agropecuario, cuestión que divide al oficialismo especialmente a los radicales reacios a insistir con gravar a un sector que consideran tiene suficiente carga tributaria. En cambio hay puntos comunes a la hora de gravar con Ingresos Brutos a sectores de la industria y de la construcción a partir de determinados pisos de facturación.
El martes por la mañana deberán reunirse las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales antes de la sesión prevista para las 10. Hasta ese instante habrá tiempo de encontrar puntos en común que le permitan al oficialismo tener los votos para sancionar el fondo con reforma.
Sin retoque impositivo
“La emergencia salarial se arregla con ahorros, utilización de los mayores recursos, una moratoria fiscal, el crédito autorizado para sueldos y las partidas de refuerzos previstas para política salarial”, insistieron en afirmar los diputados justicialistas al momento de presentar el dictamen que llevarán a comisiones la semana próxima.
A la iniciativa firmada a inicios de semana por el sector le hicieron retoques, con el fin de asegurar los recursos para el pago de una política salarial. “Engordamos la propuesta”, resumió Marcelo Gastaldi al retirarse ayer de la Legislatura.
El sector prevé un fondo de 1.400 millones de pesos afectando recursos del presupuesto, el resultado de un régimen de regularización tributaria que llegaría a cien millones; otros 400 de mayor recaudación nacional y autorizar el uso del ciento por ciento del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco) para atender desequilibrios financieros.
La novedad incluida por el sector es una cláusula de garantía, por la cual si se verificara que la mayor recaudación de impuestos nacionales no alcanza el valor previsto para la conformación del Fondo se establece una modificación de la estructura tributaria de aplicación gradual y temporal para cubrir la insuficiencia presupuestaria.
El martes se empezaría a votar el fondo, pero su sanción recién se produciría entre jueves y viernes. Los dos sectores enfrentados en Diputados dicen tener confianza en que el Frente para la Victoria los acompañará. En tanto, nada ni nadie parece evitar otra semana de paro de docentes y estatales en la provincia.
Recursos y presupuesto
El jefe de la bancada del Frente Progresista, Raúl Lamberto, refutó los datos expuestos por la oposición sobre el supuesto crecimiento de la recaudación tributaria.
“Si tomamos el bimestre enero-febrero 2010, de recaudación propia está presupuestado 648.911.680 de pesos y efectivamente entraron 641.562.770, con lo cual la diferencia porcentual es -1,13%. Si tomamos los fondos remitidos por coparticipación federal y otras transferencias nacionales en el mismo bimestre, están presupuestados 1.142.011.790 de pesos y fueron recibidos 1.158.646.840 de pesos, por lo que la diferencia porcentual es de 1,46%”.
El diputado socialista informó además que los dineros remitidos en concepto del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) en el bimestre fueron 57.732.210 de pesos, frente a los 68.855.980 que estaban presupuestados, con lo cual el diferencial es -16,16%, 11.123.770 menos”.
Para Lamberto concluyó “sobre un total presupuestado de 1.790.923.047 de pesos se incorporaron a las arcas de la provincia 1.800.209.061 pesos. Las matemáticas no mienten, sólo se incorporaron 9.286.000 de pesos más que lo presupuestado, no 150 millones como afirma inexactamente la oposición”.
Garantía
Obeidistas y reutemanistas pretenden darle certezas al Ejecutivo de que tendrá mayores recursos sin aplicar impuestos y el dictamen propone incluir una “garantía de conformación del fondo” de 1.400 millones previsto por el sector.
El proyecto propone ejecutar una cláusula de garantía a partir del 31 de agosto si a esa fecha no se cumplieran determinadas pautas de mayores ingresos del fisco nacional. Con tal fin prevén gravar con el 1% en Ingresos Brutos a la construcción a partir de facturación de 30 millones; industria a partir de la misma cifra y la agricultura desde los 5 millones de pesos.
“La cláusula de garantía de conformación del fondo se ejecutará si al 31 de agosto del corriente año, la mayor recaudación tributaria de origen nacional no hubiere alcanzado la suma de 260.000.000 de pesos”, dice en uno de los artículos.
/// el dato
50
son los integrantes de la Cámara de Diputados.
34
forman la mayoría especial que requiere la Constitución para la quinta votación de un proyecto, siempre y cuando estén los 50 miembros presentes.
27
son los votos que tiene el Frente Progresista.
2
diputados de extracción gremial apoyan al oficialismo (Cejas y De Césaris).
8
son los justicialistas que van con proyecto propio (Mario Lacava, Silvina Frana, Marcelo Gastaldi, Alejandra Vucasovich, Norberto Nicotra, Jorge Lagna, Alberto Monti y Rosario Cristiani).
9
son los diputados enrolados en distintas expresiones kirchneristas.
4
justicialistas podrían acompañar a De Césaris y Cejas en la votación.
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