Aprestos para la audiencia de mañana

Binner ante Boudou, con la Corte

Suprema de Justicia como árbitro

El gobernador expondrá los argumentos de Santa Fe y será asistido por el fiscal de Estado y el ministro de Economía. Apoyo de partidos políticos, entre ellos gran parte del justicialismo, y de entidades santafesinas.

De la redacción de El Litoral

[email protected]

El gobernador Hermes Binner será la voz del gobierno de Santa Fe en la audiencia pública de mañana con el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de una instancia de conciliación en relación con el reclamo provincial de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, que prorrogó sin el acuerdo previo o posterior de Santa Fe, la detracción del 15 por ciento de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al sistema de previsión social de la Nación administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

En una medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Estado tras la presentación inicial del reclamo, el gobierno de Santa Fe pidió que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo, “se ordene la suspensión parcial” de la aplicación del mencionado artículo y también “el cese preventivo” de la detracción de los fondos coparticipables.

Ayer, tras la reunión del gobernador con legisladores nacionales por Santa Fe donde el Poder Ejecutivo expuso las razones legales del planteo, el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, respondió un requerimiento de la Corte para la audiencia de mañana exigiendo un sinóptico sobre los argumentos que llevaron a realizar el reclamo. El fiscal y el ministro de Economía, Ángel Sciara, estarán al lado de Binner en el salón de audiencias de la Corte. Unos pasos más atrás estarán los adjuntos del fiscal, abogados del estudio contratado por la provincia para este reclamo y el equipo jurídico del ministerio de Economía.

La audiencia es pública y el gobierno de Santa Fe contará con el respaldo de partidos políticos, organizaciones empresariales, gremiales e incluso del defensor del Pueblo, Edgardo Bistoletti. El radicalismo anunció a través de su presidente, Hugo Marcucci, que autoridades partidarias nacionales e intendentes dirán presente. El titular del Partido Justicialista, Ricardo Spinozzi, también comprometió su presencia y un importante sector de esa fuerza -identificado con Carlos Reutemann y Jorge Obeid- se han pronunciado en apoyo a la estrategia oficial. El ex ministro de Hacienda y Finanzas y hoy diputado Walter Agosto estuvo en la reunión de ayer y compartió los argumentos oficiales al igual que su par Celia Arena.

“El planteo de Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un planteo lógico, sensato y creo que va a estar enmarcado en las posibilidades que tenga la Nación. Tiene una alta dosis de racionalidad el pedido”, explicó Arena, vicepresidenta del Bloque Peronismo Federal en la Cámara Baja.

“Vamos a apoyar a la provincia, apostar fuertemente para que la provincia reciba los recursos federales que le corresponden. Por eso estamos apoyando esta estrategia que ha definido el gobierno provincial ante la Justicia y vamos a acompañar al gobernador Binner a esta audiencia ante la Corte Suprema de Justicia”, añadió la diputada.

Parece claro que es el kirchnerismo el único sector político que no acuerda con el reclamo efectuado por la provincia y de allí la ausencia de sus principales exponentes, esto es Agustín Rossi, su hermano Alejandro, y Gustavo Marconatto quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Alcances del pedido

La audiencia de mañana, a las 10, en el Palacio de Justicia de Capital Federal, en el marco de la causa S.538 XLV ASanta Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.

En este juicio, el Estado provincial plantea la inconstitucionalidad del Art. 76 de la ley 26.078, que prorrogó, sin acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15 % de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), establecido originalmente por tiempo limitado en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, suscripto entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ratificado por la ley federal Nº 24.130 y por la ley de la Provincia de Santa Fe Nº 10.955.

Pretende asimismo que se declare la plena coparticipación de esos fondos en los términos y porcentajes que a la provincia le asigna la ley-convenio vigente, Nº 23.548, por imperio del Art. 75, incs. 2 y 3, y Disposición Transitoria Sexta, de la Constitución Nacional, así como también que se ordene, consecuentemente, la restitución o reintegro de todos y cada uno de los fondos detraídos por ese concepto desde la expiración de los compromisos federales entre la Nación y las Provincias (31 de diciembre de 2005), hasta la fecha de efectivo pago.

Entre abogados previsionalistas

El planteo de Santa Fe fue motivo de análisis en las IV Jornadas Nacionales de Previsión Social que organizadas por la Asociación de Abogados Previsionalistas se realizó en Mar del Plata en noviembre pasado. Incluso, el tema fue expuesto en la ponencia del santafesino Eduardo Cóceres.

En parte de su exposición, recordó el proceso y sus implicancias. “El 12 de agosto de 1992 se firmó el acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales (más conocido como Pacto Fiscal I), ratificado por ley Nº 24.130 que establecía la cesión del 15 % de la masa coparticipable al financiamiento del sistema previsional nacional, con una vigencia limitada al 31 de diciembre de 1993. La provincia de Santa Fe adhirió a dicho régimen mediante ley Nº 10.955, en lo que se denomina un consentimiento limitado atento que lo formuló en razón de tratarse de un Acuerdo Federal de Compromiso entre la Nación y las Provincias para el sostenimiento del sistema previsional.

“La referencia al 15 % de la masa coparticipable era lo mismo que afirmar que correspondía a la totalidad de los impuestos que se coparticipan de conformidad a la ley 23.548. En definitiva se detraía el 15 % de los siguientes impuestos: Ganancias, IVA, Bienes Personales, impuestos internos, Ganancia Mínima Presunta, a los intereses pagados y costo financiero endeudamiento empresarial Ley 25.082 (vigente período 1999/2002); a los réditos y débitos en cuentas corrientes bancarias (30 % de su producido) y régimen simplificado para pequeños y medianos contribuyentes, monotributo (30 % de la recaudación)”.

Recordó que “la Nación y las provincias prorrogaron en diversas oportunidades el mantenimiento del régimen en general y la detracción en particular. Al suscribirse el Compromiso Federal por el Crecimiento de la Disciplina Fiscal, el 13 de noviembre del año 2000 se prorrogó por cinco años la ley Nº 24.130 (entre otras). Al vencimiento de este plazo, el Congreso nacional, sin pacto o acuerdo federal previo, al sancionar el presupuesto 2006, en diciembre de 2005 por medio de la ley Nº 26.078 dispuso prorrogar el pacto detractor en forma unilateral. Con la sanción de la ley 26.425 se modificó radicalmente el panorama legal y así la Anses pasó a apropiarse de un stock de activos valuado en aproximadamente 25.000 millones de dólares -que conformaban los activos netos de las AFJP-, recuperó la totalidad de los flujos de aportes y contribuciones, y adquirió tenencias accionarias de magnitud en empresas y conglomerados privados de primera línea. Ello motivó que Santa Fe promoviera ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 76º de la Ley Nº 26.078 en cuanto dispuso la prórroga unilateral del Acuerdo Federal celebrado en el 2005, y la restitución de todas la sumas que la Nación hubiese detraído inconstitucionalmente. Se estima que esa detracción asciende a la fecha a la suma de cuatro mil millones de pesos. ¿Se atreverá Boudou a afirmar que la Nación no le debe nada a la provincia de Santa Fe?”, finalizó diciendo Cóceres.