EDITORIAL

Frente a la inseguridad

Tanto en número, como en complejidad, han crecido los casos de inseguridad en la Argentina. Hoy a los delitos no sólo los protagonizan unos personajes temerarios que no obedecen la ley, y que no cuentan para ello más que con su audacia, desprecio por la vida y la propiedad. En los últimos años, muchos hechos reflejados por la crónica policial han agregado una cuota de pericia -y en no pocos casos, de algún esfuerzo intelectual- al preparar sus perversos planes.

Delitos más violentos, más frecuentes y más preparados son las notas más características de la situación que le toca enfrentar a la sociedad, con el telón de fondo de la exclusión social, la marginalidad y la falta de oportunidades que ha generado una decadencia de la cultura del trabajo.

A ese ya difícil panorama se suma la idea -falsa pero generalizada- de que la impunidad se ha instalado al momento de juzgar los desvíos, y que en consecuencia la sociedad ya no ha de castigar a quienes la ataquen. Acaso esa estrecha visión sobre la administración de justicia -que por supuesto debe mejorar, pero está lejos de la obtusa afirmación de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por otra”-, se corresponda con otras malas señales sociales. En efecto, crece la sensación de que no habrá premio para el esfuerzo laboral, que la movilidad social ascendente ya no es posible. Si no existe la convicción de que existen premios y castigos para las conductas individuales, el cuerpo social sufre.

Es necesario entonces que las respuestas del Estado ante el fenómeno de la compleja inseguridad y su difícil contexto, sean diferentes.

Tanto deben ser mayores los recursos públicos volcados a las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el sistema carcelario como a las herramientas con que cuentan quienes luchan por sostener la convivencia en el marco de las leyes.

Por estos días el gobierno santafesino licitó la provisión de un servicio que ya ha demostrado su utilidad en una prueba piloto: se trata del respaldo tecnológico, operativo, a la gestión del sistema de emergencias que se desata al marcar el número telefónico 911.

El sistema instalado en Santa Fe y Rosario se extenderá en los próximos 48 meses, una vez concluida la licitación, al 80 por ciento de la población santafesina. Permitirá el seguimiento satelital de las unidades móviles a través de un sistema de posicionamiento global por satélite (GPS), instalado en los autos policiales. Ante cada llamada de emergencia, el operador del sistema deriva el pedido a la unidad más cercana, para hacer más ágil la respuesta.

No sólo se vincula con más eficacia el reclamo de socorro con la respuesta policial más cercana, con un GPS en cada vehículo el Estado podrá saber además cómo se utilizan los móviles de la fuerza, qué recorridos efectúan, en qué horarios, con qué gastos de combustible, y lo más importante: cuáles han sido las respuestas a los llamados. Todos los audios involucrados serán registrados y guardados.